El president niega que esté preocupado por la querella de UGT, pero la elección de un abogado-estrella desliza lo contrario
“Quedará en nada. La fiscalía no está de acuerdo. Los jueces están que trinan con que se admita a trámite una querella contra un presidente autonómico por usar la abogacía de la comunidad para defenderse”. Así se expresa el president cuando los micrófonos dejan de atosigarle y se siente más cómodo.
No le falta razón en que el ministerio público no está por la labor de apoyar una inminente imputación del jefe del Ejecutivo por la malversación, prevaricación y tráfico de influencias que UGT cree que cometió al usar la abogacía del Govern para defenderse de Lorenzo Bravo (que le llamo fascista) y cuya querella ha sido admitida a trámite, sorpresa generalizada incluida, por el juez Antoni Garcías, “hermano de la jefa de prensa de Antich”, recuerdan en el PP.
Las palabras de confianza del president quedan en entredicho cuando se conoce el abogado que ha contratado: Pablo Jiménez de Parga, uno de los letrados penalistas con mayor fama de España. Hijo del Jiménez de Parga más laureado (Manuel, ministro de Trabajo en la transición y presidente del Tribunal Constitucional al principio del nuevo milenio), Pablo regenta el despacho madrileño de la firma familiar en la que medio centenar de abogados trabajan cada día. El abogado defensor de Bauzá fue elegido por la Unión Ciclista Internacional para llevar el caso de Alberto Contador y conseguir que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le sancionara por dopaje (aquello del solomillo con clembuterol y tal). No tuvo tanta fortuna con la Operación Puerto, donde reclamó "una sanción ejemplar" para el doctor Eufemiano Fuentes que apenas llegó.
Dicen que Pablo Jiménez de Parga es un hombre tranquilo al que muchas entidades madrileñas eligen como mediador de causas difíciles. ¿A quién llamó la Sociedad General de Autores Españoles para supervisar las elecciones de una directiva llamada a gestionar unos 360 millones de euros al año? ¿A quién encargó la familia Gil que llevara la Secretaría del Consejo de Administración del Atlético de Madrid que maneja en torno a 130 millones cada ejercicio? A él. No debe ser barato el señor Don Pablo, como le llama su secretaria. A Jiménez de Parga le escogen hasta los propios abogados, en cuyo colegio madrileño es diputado de la Junta de Gobierno y presidente de la Corte de Arbitraje.
El letrado defensor de Bauzá sabe tres idiomas: castellano, inglés y francés. No conoce el catalán. No es un detalle menor para la oposición, que lamenta que el president piense siempre en Madrid antes que en Baleares. “¿No había penalistas buenos en las islas?” se preguntaba una notable diputada socialista.
La pregunta que yo me hago es otra. Ya sabemos qué clase de abogado han fichado. La Champions League es cara. Bauzá gana unos tres mil euros diarios con su negocio, pero Antoni Gómez, también querellado y defendido por el mismo letrado, no tiene una farmacia como él. Es un hombre solvente, pero no hasta ese nivel. ¿Pagará Bauzá la minuta de su “leal” y “fiel” vicepresident?
Álvaro Gil
