El exdirectivo de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) de Palma, Germán Chacártegui, quien este jueves ha declarado como imputado en la causa que investiga un presunto desvío de hasta 1,5 millones de euros en la adquisición de contenedores soterrados de basura en Palma, más conocida como caso Ossifar, ha ratificado que los expedientes para adjudicar el suministro de los 'containers' estaban amañados para que pudiesen ser otorgados a una determinada empresa.
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado cómo en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Pedro Barceló, el encausado ha apuntado al supuesto trato de favor del que se benefició la empresa adjudicataria de estos servicios, Seguridad y Limpiezas, durante la pasada legislatura, durante la cual el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento palmesano estaba en manos de UM y, más en concreto, de la exnúmero dos de esta formación en la capital balear, Cristina Cerdó.
Según las investigaciones, el Consistorio abonó por cada contenedor -se adquirieron unos 200- más de 11.000 euros, una cantidad muy superior al precio unitario del mercado en el resto de España, calculado en unos 6.000 euros.
En su comparecencia, en la que han estado presentes tanto el fiscal anticorrupción Pedro Horrach como distintos abogados personados en la causa, quien fuera jefe del área de Medio Ambiente de Emaya se ha reafirmado en sus anteriores declaraciones, en el sentido de que los procedimientos de adjudicación fueron manipulados de tal modo que incluso al término del expediente llegaban a sustituirse las empresas mejor valoradas por la mercantil a la que se quería beneficiar.
En este sentido, ha apuntado que las órdenes sobre las distintas adjudicaciones le venían dadas por la exgerente de Emaya Malen Tortella, quien a su vez las consultaba con la expresidenta Cristina Cerdó, con la propia UM y con el exvicepresidente insular Antoni Pascual. Según Chacártegui, era Tortella quien le indicaba quién debía ser el adjudicatario y le ordenaba modificar el proveedor que él había propuesto.
Al respecto, el imputado, asistido por el letrado Juan José Cano de Alarcón, ya especificó ante el juez que hasta en tres ocasiones el informe inicial en el que se proponían las empresas "ya no fue objetivo porque ya de entrada Tortella me había dicho que el adjudicatario debía ser una empresa determinada", más en concreto en el concurso para el suministro de barredoras y contenedores, que "tenía que ganarlo Seguridad y Limpiezas".
DEPARTAMENTO 'FANTASMA' PARA CAPTAR VOTOS CON FONDOS PÚBLICOS
En el marco de esta causa, los investigadores apuntan asimismo a que UM puso en marcha, con fondos públicos, un departamento llamado Ciudadanía presuntamente con el único fin de gestionar favores a personas y entidades afines a la formación, contratar a quienes hubieran realizado funciones políticas en beneficio del partido e impulsar directrices que pudieran favorecer la imagen de la formación así como de sus dirigentes, más en concreto de los exaltos cargos Miquel Nadal y Cristina Cerdó.
De hecho, Chacártegui ya manifestó en una anterior declaración que también Cerdó y Tortella tomaron la decisión de montar este servicio, para el que contrataron a cinco personas afiliadas a UM y que tenía como misión captar votos a favor del partido. Según precisó, este departamento "no tenía ni presupuesto ni había sido formalizado a través del consejo de administración", como tampoco "era público y de hecho, cuando UM perdió las elecciones, desapareció".
