La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) plantearán a la Diputación Permanente del Congreso que se celebrará el próximo martes la necesidad de convocar sesiones extraordinarias de las comisiones de Justicia y Hacienda para que los ministros de ambas áreas, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristóbal Montoro, den cuenta de la forma de actuar de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) en relación con el caso Nóos.
Según han informado ambos grupos parlamentarios en sendas notas de prensa, la imputación de la hija menor del Rey por parte del juez instructor de la causa, José Castro, por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales hace necesario que el Gobierno explique la forma de actuar de diferentes instituciones del Estado vinculadas con la investigación de forma urgente. Dado que enero es un mes inhábil en las Cortes, sería necesario convocar sesiones extraordinarias de la comisión, decisión que debe adoptar la Diputación Permanente.
En concreto, IU-ICV y el BNG quieren que Montoro informe sobre las actuaciones e investigaciones que ha llevado a cabo la Agencia Tributaria sobre el caso Nóos, particularmente en relación con algunas de las facturas de la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, que la AEAT habría aceptado a pesar de ser presuntamente fraudulentas, decisión que el juez Castro recrimina en el auto de imputación de la hija del Rey.
ACTITUD "ENTORPECEDORA Y OBSTACULIZADORA"
Por su parte, Gallardón debería detallar cómo han actuado tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía en este asunto, sobre todo en relación con la "reiterada oposición de ambos órganos a la imputación de la Infanta" y su postura "entorpecedora y obstaculizadora" de la investigación.
Para el portavoz de la Izquierda Plural en la Cámara Baja, José Luis Centella, estas comparecencias son "imprescindibles", sobre todo tras conocerse "de forma más explícita todas las circunstancias que están rodeando la instrucción de este caso".
Olaia Fernández Davila (BNG), por su parte, cree que en el auto del juez Castro "hay elementos que deben ser explicados y clarificados" por parte de los ministros como máximos responsables de las decisiones adoptadas por las instituciones que dependen de ellos.
