Matas pide a Castro no tener que comparecer periódicamente ante el Juzgado

El expresidente del Govern Jaume Matas ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que retire las medidas cautelares que en la actualidad pesan sobre él y que se concretan en la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado para evitar que eluda la acción de la justicia.

En concreto, la petición ha sido cursada en el marco de la pieza principal del procedimiento, centrada en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de la considerada infraestructura estrella del último mandato de Matas, el velódromo Palma Arena, cuyo sobrecoste presupuestario lo relacionan los investigadores con el elevado tren de vida llevado por el exmandatario autonómico mientras ostentaba la presidencia del Ejecutivo.

En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3, el abogado de Matas, Antonio Alberca, defiende que su patrocinado ha venido cumpliendo puntualmente la obligación de personarse en comisaría dos veces al mes, por lo que considera ajustada la petición de que le sea revocada esta medida ante la ausencia de riesgo de fuga, tal y como han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Ya el pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto otra de las medidas cautelares que le fueron impuestas a Matas en el marco de esta causa. El tribunal dejó sin efecto la fianza carcelaria de 500.000 euros que pesaba hasta entonces sobre el expresidente, cantidad a la que ya fue anteriormente reducida la caución de tres millones de euros que el juez Castro le impuso en marzo de 2010 por riesgo de fuga.

Y es que fue tras tomarle declaración durante dos días cuando el magistrado decretó la fianza penal de tres millones de euros para el exministro dentro de esta compleja causa, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el enriquecimiento presuntamente ilícito del exalto cargo, que según las pesquisas no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan así a la relación de los elevados gastos de Matas con el supuesto desvío de fondos durante la ejecución del Palma Arena (2005-2007), unos hechos que, no obstante, niega de forma tajante el exdirigente del PP balear, quien durante su primera declaración ante el juez justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.

De hecho, manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como ‘palacete’, negando de este modo haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.

CONDENADO POR DOS PIEZAS SEPARADAS

Matas, sobre quien, por otro lado, pesa una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros por la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava para la elaboración del anteproyecto de un teatro de la ópera, ya ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Más en concreto, sobre él pesan nueve meses de cárcel por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, y una multa de 9.000 euros -sentencia que aún no es firme- por percibir una dádiva de 42.000 de un hotelero mallorquín.

Mientras tanto, su ingreso en prisión para cumplir los nueve meses a los que fue condenado por el primer juicio del caso Palma Arena fue suspendido la pasada semana por la Audiencia, a la espera de que el Gobierno resuelva si le concede o no el indulto que solicitó el exministro.

La petición de esta medida de gracia fue efectuada después de que, a principios del pasado mes de diciembre, la Audiencia denegase sustituir por multa los nueve meses y un día de cárcel a los que el Tribunal Supremo rebajó la condena impuesta a Matas en el marco de esta causa, dejando así al exjefe del Ejecutivo autonómico la única posibilidad de solicitar el indulto tras haber agotado ante la justicia balear las vías de que disponía para evitar su ingreso.

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