jueves. 28.03.2024

El pasado mes de Octubre la Conselleria de Salut adjudicó a la Policínica Miramar un concurso para la prestación de asistencia sociosanitaria privada a pacientes con cobertura sanitaria pública, privatizando de esta manera un servicio que hasta el momento sólo prestaban hospitales públicos de carácter sociosanitario (Hospital General, Hospital Joan March) u hospitales con convenios singulares pertenecientes a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja o San Juan de Dios, integrantes a través de dichos convenios de la red hospitalaria pública.

Pocos días después se llevó a cabo de manera improvisada, sin ningún tipo de planificación ni organización, el traslado de unos 40 pacientes ingresados en el hospital de la Cruz Roja a la 4º planta de la policlínica Miramar. El ingreso de dichos pacientes en el nuevo destino fue caótico, ya que no se disponía de las mínimas condiciones, personal cualificado e infraestructuras para atender a este tipo de pacientes, generalmente dependientes, muchas veces inmovilizados o encamados, con patologías de carácter crónico y problemática social añadida, muy diferente por tanto del paciente agudo que trata habitualmente la citada clínica.

Tres meses después del traslado, y a pesar de haber disminuido el absoluto caos y desorganización, la asistencia especializada que requiere este tipo de paciente ha sufrido un grave deterioro respecto a la que disfrutaban anteriormente, y más grave aún si efectuamos la comparativa con los pacientes ingresados en los hospitales públicos sociosanitarios.

SATSE denuncia que una sola enfermera por turno atiende a 42 pacientes ingresados mas 10 del centro de día. En los hospitales sociosanitarios públicos trabaja una enfermera por cada 10-12 pacientes, es decir, alrededor de cuatro veces más personal cualificado. De los pacientes ingresados, aproximadamente el 50% (20-21) son pacientes encamados, que además de su patología y por tanto atención sanitaria, necesitan ayuda para todas sus funciones básicas (higiene, comida, movilización, etc), y casi la totalidad del otro 50% no están encamados pero necesitan ayuda para una o varias funciones básicas. A pesar de que en la planta también trabaja personal auxiliar, el resultado es que las necesidades de asistencia de este tipo de paciente no están cubiertas en absoluto.

La falta de personal de enfermería ocasiona serios déficits en la asistencia. Los cambios posturales que requieren los pacientes encamados cada dos horas se realizan dos o incluso una vez por turno de 7 horas. Las necesidades nutricionales y en particular de hidratación de los pacientes tampoco se satisfacen adecuadamente, ya que necesitan dietas especiales con gran aporte de proteínas y sobre todo aporte de líquidos continuo mediante gelatinas o sorbos de bebidas isotónicas, zumos o agua, varias veces al día entre comidas. La movilidad de los pacientes está condicionada por la falta de andadores y sillas de ruedas, si bien este es un problema que se ha paliado significativamente. Respecto a la infraestructura, existen barreras arquitectónicas de todo tipo y lo que es más grave, los baños no son asistidos, no disponen de barras de sujeción adecuadas ni del espacio necesario para entrar con sillas de ruedas o realizar las higienes en una silla en pacientes que no pueden estar de pie. Se ha adaptado un solo baño para toda la planta, por lo que las higienes completas deben realizarse por turnos y por días. En la planta no se dispone de grúas, imprescindibles para el manejo de algunos de estos pacientes que por su tamaño o peso son prácticamente imposibles de manejar para el personal si no cuentan con ayuda mecanizada. Y, finalmente, el material para las curas de las lesiones cutáneas denominadas úlceras por presión, muy comunes en los pacientes inmovilizados y cuya incidencia ha aumentado sensiblemente debido en gran medida a la falta de cambios posturales y a una incompleta nutrición/hidratación, no es el material y los apósitos de última generación que se manejan en la sanidad pública, sino pomadas y vendajes de uso tradicional que están hoy totalmente obsoletos.

En resumen, estos pacientes presentan más riesgo y más incidencia de úlceras por presión, que a su vez se cronifican por tratarlas con fármacos obsoletos, más riesgo de desnutrición y deshidratación por inadecuado aporte de líquidos, mayor incidencia de problemas asociados a la inmovilización por movilidad reducida e inadecuada, y peor satisfacción de sus necesidades o funciones básicas como la higiene por falta de personal, de recursos o de infraestructura.

El coste de las camas sociosanitarias públicas en Baleares es de alrededor de 300 euros por paciente y día. El concurso por el que se privatizaron un mínimo de 42 camas de asistencia sociosanitaria y que fue adjudicado a policlínica supone un coste de menos de 100 euros por paciente y día. Teniendo en cuenta que policlínica es una entidad privada y por tanto debe generar beneficios o como mínimo cubrir costes, está claro que el experimento privatizador sirve para maquillar las cuentas a corto plazo pero tiene un elevado coste para los pacientes que lo sufren, y a largo plazo previsiblemente también para el sistema, puesto que la mayor incidencia de ciertas patologías o problemas pueden conllevar un incremento del coste futuro.

Por último, SATSE afirma que la situación de los profesionales de enfermería que trabajan en estas condiciones es límite y que sufren una importante sobrecarga física y psicológica, agotamiento y estrés. Ante la negativa de los profesionales a denunciar públicamente la situación por temor a perder el empleo, SATSE tramita una denuncia en la inspección de trabajo a fin de que las autoridades laborales valoren las cargas de trabajo y la legalidad de la situación.

El Sindicato de Enfermería responsabiliza de esta situación a la Conselleria de Salut, a la que se ha advertido de la situación mencionada y que prefiere mirar hacia otro lado a fin de seguir disponiendo de camas sociosanitarias “low cost”, aún conociendo las repercusiones que ello tiene sobre usuarios y profesionales sanitarios.

SATSE denuncia el deterioro de la Asistencia sociosanitaria privatizada por Bauzá