viernes. 19.04.2024

La mayoría de alcaldes del Partido Popular balear se debate entre su rechazo ideológico a la política antiregionalista de Bauzá y el miedo a perder el cargo en 2015 (lealtad debida al líder, dicen oficialmente). La batalla se libra en barros sutiles. Se ha visto en las alegaciones al decreto de Símbolos. Vea quién es quién en este 'juego de tronos'

Hay muchos alcaldes cabreados con el president, pero nadie tiene coraje de enfrentarse directamente. No son suicidas. “Pregunta a Pastor o a Font si hace frío fuera del partido”. Queda un año para las elecciones. Nadie se va a mover a la cara, pero también tienen que cuidar al votante.

Son palabras de un barón conservador de esos que la prensa llama históricos. El asunto está claro: los alcaldes necesitan repetir como número uno en las candidaturas en sus municipios (y eso significa no enfadar a Bauzá) y mantener un calado de votos (y eso supone no disgustar a sus conciudadanos –a muchos les parece que la política del Govern va contra la lengua propia y los símbolos tradicionales-).

El decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas trajo un antes y un después. La tensión de los padres reclamando a sus alcaldes en los pueblos pequeños que no hicieran seguidismo de la política de Bauzá generó tal malestar que nadie se plantea ya una docilidad entre los alcaldes como la que se vio en la tramitación de la Ley de Función Pública, la primera normativa presuntamente anticatalana (que fijó el catalán como mérito y no como requisito para ser funcionario), y cuya oposición interna en el PP fue insignificante, a excepción de Toni Pastor y su voto en contra que le supuso la expulsión del partido. Hoy los alcaldes ven la inminente revalida electoral y se han propuesto levantar la voz sutilmente. ¿Cómo? Apoyados en la oposición. La Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares ha presentado alegaciones al texto del decreto de símbolos (que impide a los alcaldes nombrar la cuatribarrada como icono local sin pasar por el visto bueno del Govern). La crítica oficial es que les quita autonomía local puesto que el Consolat dirá qué símbolo local se autoriza y cuál no. El instrumento para que el Govern recule es decirle que su decreto es más restrictivo que su ley y que un Govern no puede contradecir una ley aprobada por un parlamento -rango superior-.

Lo no oficial es que los alcaldes aceptaron la Ley de Símbolos (véase aquella Asamblea de Alcaldes rechazando la crítica al TIL) porque pensaban que, si había revuelo en el pueblo, (en este caso) podrían legislar municipalmente a favor de la cuatribarrada (casos ya vistos en Inca y Manacor, entre otros). Ahora se abre un escenario en el que los munícipes conservadores se han aliado con los socialistas, regionalistas y econacionalistas para que, bajo la vitola supuestamente imparcial de la FELIB, se le dé un tirón de orejas al Govern de Bauzá. Con ese argumento es con el que algunos alcaldes populares esperan convencer a sus ciudadanos si les piden explicaciones. Una especie de “yo he hecho lo que puedo”. Y al mismo tiempo ese tirón de orejas no es tan violento como para que el president parezca desautorizado (como sí ocurrió con salidas de tono como las vistas en plena huelga de docentes por algunos de sus alcaldes más díscolos. Hoy la crítica no es tan beligerante, pero sí más importante puesto que ahora son todos y no unos pocos los alcaldes descontentos). La pregunta es si habrá nuevos movimientos. Seguro que sí. Pero serán sutiles. Como este último del decreto de símbolos. Nadie quiere perder la candidatura en 2015. Y Bauzá, que ha oído hablar de esas cenas críticas de alcaldes, que se sabe poco querido por ellos, conoce la debilidad de quienes priman el sillón a sus ideales. Y el farmacéutico lo explota. "La sangre nunca llega al río" me dijo una vez Guillem Estarellas. Estaba inmerso en la mayor huelga de la historia de la educación balear, con la manifestación más secundada que se recordaba en las calles baleares y con la crítica más larvada en dos décadas en el PP balear. Eso deben pensar en el Consolat sobre sus alcaldes, a los que ni Toni Gómez ni Jeroni Salom han conseguido controlar, pero que por si mismos, "por la cuenta que les trae", se calman solos.

Nota anexa: Por si alguien tiene dudas de quiénes son los principales nombres en esta ‘guerra fría’ del PP regional y no ha acudido a las cenas en las que se juntan para ‘conspirar’, aquí dejo unas semblanzas básicas y el número de ciudadanos a los que representan.

Biel Serra. Sa Pobla. 12.000 habitantes. Profesor. 40 años. Mano derecha de Jaume Font en Medio Ambiente entre 2003 y 2007. Luego portavoz municipal.

Tomeu Cifre. Pollença. 16.500 habitantes. Funcionario. 43 años. Llegó al cargo por primera vez en 2006 junto a Unió Mallorquina.

Joan Simonet. Alaró. 5.000 habitantes. Ingeniero agrónomo. 40 años. Conocido por su capacidad de alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas. Una prueba: su gobierno en minoría la legislatura pasada.

Biel Tauler. Felanitx. 17.500 habitantes. Economista. 43 años. Concejal desde 1999 y alcalde desde hace un lustro.

Rafael Torres. Inca. 28.500 habitantes. Administrativo. 47 años. Dos décadas en la política municipal. Mano derecha de Pere Rotger hasta que las acusaciones mutuas de irregularidades les enfrentaron.

Jaume Bauzá. Montuïri. 2.500 habitantes. 41 años. Empresario. Gobierna desde 2010. Lleva desde la juventud en el partido local.

Antoni Mulet. María de la Salut. 2.000 habitantes. Graduado social. 45 años. Segunda legislatura con mayoría absoluta.

Punto y aparte merece la dimisión “por motivos personales” de Guillem Crespí hace unos meses. El alcalde de Santa Eugenia, abogado de 36 años, que afrontaba su segunda legislatura con mayoría absoluta y siempre mostró su rechazo al TIL, como la mayoría de sus 1.500 conciudadanos.

Por cierto, otros “motivos personales” llevaron también a Carlos Delgado a dimitir como conseller. El vicepresidente del PP balear pidió durante 2013 a Bauzá que abriera expedientes disciplinarios para la mayoría de los alcaldes que acaban de leer.

La guerra fría en el PP