El PP aprueba pagar una indemnización de 480.000 € por uno de los chalets ilegales derruidos en Llucalcari

El Ayuntamiento de Deià aprobó una propuesta según la cual el Ayuntamiento aceptaba ser corresponsable de una indemnización de 480.000 € por uno de los chalets ilegales derruidos en Llucalcari. Agrupació DEIA votó en contra y lamentó el cambio de posicionamiento del gobierno del PP, que hasta ahora había rechazado esta responsabilidad.

Lluís Apesteguia, portavoz de la coalición de izquierdas, ha defendido que “las instituciones no pueden delinquir ni hacer ilegalidades” y que por tanto “los ciudadanos no tienen que pagar por una licencia que no han dado ni para una actividad especulativa y dudosa de la que no se han beneficiado”. Apesteguia ha recordado que los ciudadanos de Deià ya han tenido que pagar casi 30 años de abogados y las demoliciones, y que justo esta indemnización supondría más de 600 € por cada habitante del municipio’, “el Ayuntamiento, que es el único demandado, cree que debe pagar dos cuartas partes y el arquitecto una cuarta parte”. Apesteguia ha recordado que la indemnización aún puede ser mayor, ya que los propietarios han pedido una cantidad muy superior, y que hay tres juicios, uno para cada uno de los otros chalets.

Según Agrupación DEIA, es imposible pensar que los responsables de las licencias no supieran de la ilegalidad, cuando había informes del arquitecto técnico del Ayuntamiento y de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico y denuncias de Joan Rotger, regidor socialista en la oposición, del GOB ​​y de un millar de ciudadanos. La coalición ha recordado unas declaraciones del entonces alcalde asegurando que “las casas agrícolas que se construyó no serán nunca chalets, los permisos agrícolas no son más que un truco para poder obtener permisos para construir viviendas muy caras”. Apesteguia ha asegurado que con los chalets de Llucalcari mucha gente hizo mucho dinero, y que ahora no se puede pretender que el pueblo pague por ello.

El portavoz de la Agrupación, que en el pleno acusó al PP de reinventar el cuento de Robin Hood “robando a los pobres para permitir que los ricos se forren”, ofreció toda la colaboración necesaria al gobierno municipal si éste se comprometía a investigar la responsabilidad de los políticos y técnicos que otorgaron la licencia, posibilidad que el alcalde rehusó.

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