El GOB exige la paralización de las obras de Ses Fontanelles

Tras la información difundida respecto de la contaminación del suelo de Ses Fontanelles, para el GOB suenan todas las alarmas. La fuente es un estudio científico del IMEDEA que alerta de la presencia excesiva de hierro a la zona y otros potenciales contaminantes.

Este estudio deja en evidencia lo que el GOB ya había advertido en la denuncia presentada en la fiscalía el pasado 21 de enero en la que denunciába el incumplimiento de la legislación relativa a suelos contaminados – actualmente regulados por la Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados y por el Real Decreto 9/2005 de residuos y suelos contaminados – por la presencia de residuos peligrosos que no son tratados de forma adecuada a las obras. De hecho, esto tendría que haber sido motivo de un informe preliminar de suelos y de una más que previsible descontaminación antes de la autorización del inicio de las obras.

El mencionado Real decreto 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estàndars para la declaración de suelos contaminados, concretamente, el punto 5 del artículo 3 dice:

5. *Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante _estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de lasactividades potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo._*

Este hecho, aparte del incumplimiento de la legislación en materia de residuos y suelos contaminados, podría ser motivo de delito penal, tal y cómo establece el artículo 325 del Código Penal por daño al ecosistema de la zona húmeda.

Paralización cautelar de las obras y responsabilidades políticos

Ante estos hechos el GOB exige la paralización cautelar de las obras, la apertura de una investigación al respeto que garantice la legalidad de todo el procedimiento autorizado para la construcción del centro comercial y asegure la descontaminación de la zona para evitar que los intereses de los promotores acaben afectando negativamente e irreversiblemente el ecosistema y la salud en toda el área de la Playa de Palma que se podría ver afectada por la consolidación de la presencia de estos contaminante a la zona fruto de las obras a la zona húmeda.

Por otro lado, el GOB exige a las administraciones competentes – Consejería de Medio ambiente y Ayuntamiento de Palma, que asuman la negligencia política de haber autorizado las obras del centro comercial con estas condiciones.

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