El pleno del Parlament de este martes ha aprobado, con el voto en favor del PP, la primera Ley del Suelo de la comunidad, una normativa que, según la oposición, "amnistía a determinadas urbanizaciones en suelo rústico", una acusación que ha negado el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company.
Durante su intervención en la sesión, Company ha explicado que la normativa únicamente afecta a las edificaciones que no se pueden demoler, por lo que, una vez que ha prescrito el delito, se pretende dar una solución a estas edificaciones para que no se mantengan "al margen de la legalidad". Son "sitios donde viven familias desde hace años con servicios urbanísticos deficientes, también tienen sus derechos, nadie puede negar el estatus de estos ciudadanos", ha añadido.
El conseller ha hecho hincapié también en que la oposición no está en contra del 80 por ciento de los artículos de la Ley puesto que ha votado a favor o se ha abstenido en el 80 por ciento del articulado. Según ha dicho, que de las 453 enmiendas presentadas por PSIB y MÉS se han aprobado más de 180, lo que supone "prácticamente el 40 por ciento".
APROBADAS CUATRO ENMIENDAS TRANSACCIONADAS
Además, durante la sesión se han aprobado cuatro enmiendas que han sido transaccionadas, dos de ellas de MÉS -transaccionadas con el texto de dos propuestas del PSIB- y una de cada diputado no adscrito, Antoni Pastor y de Margalida Font, la última referente a Formentera.
El socialista Jaume Carbonero ha explicado que la Ley "representa el mismo modelo desarrollista, de leyes anteriores a la burbuja inmobiliaria", porque pretende resolver los problemas urbanísticos y territoriales de Baleares "con artículos que actualmente no son útiles".
Así, el parlamentario del PSIB ha defendido que no pueden apoyar esta normativa "por diferentes cuestiones", entre ellas que posee "grandes vacíos" como los referentes al suelo rústico, la disposición adicional sexta, los falsos urbanos o las urbanizaciones sin alcantarillado que seguirán igual pese a esta Ley, ha opinado.
UNA "OPORTUNIDAD PERDIDA", SEGÚN LA OPOSICIÓN
Mientras, el diputado de MÉS, David Abril, ha considerado que el Govern ha "perdido una oportunidad" para regular esta materia en la comunidad y ha dicho no compartir la idea del Ejecutivo de que ha habido consenso con el texto.
Así, ha mostrado su rechazo a las "cuestiones globales" de la norma, como la "amnistía" en suelo rústico o el hecho de que no les hayan aprobado la enmienda relativa a las reservas de suelo para vivienda pública en el planeamiento, lo que ha interpretado como "una renuncia a hacer una política activa de vivienda".
Además, Abril ha lamentado que el PP solo haya aceptado cuatro de 56 enmiendas a las disposiciones adicionales y ha indicado que la normativa permitirá que haya personas se aprovechen de ella para "volver a especular con el territorio", ha manifestado sobre el proyecto de un macrohotel en Santa Margalida.
También en contra se ha manifestado la diputada no adscrita Margalida Font, quien ha criticado que una ley del suelo deje fuera a "más del 90 por ciento del territorio que se pretende regular" y, en relación a que pretendan resolver este tema mediante una Ley Agraria, ha lamentado que ésta vaya a ser "una ley urbanística para el suelo rústico".
FONT: "SÓLO REGULAN EL SUELO RÚSTICO PARA REGULARIZAR"
Font se ha referido también a la amnistía a las ilegalidades del suelo rústico. "Llama la atención que el suelo rústico sólo lo regulen para regularizar la ilegalidad", ha manifestado antes de reprochar el "agravio comparativo" que representa esta "amnistía" para quienes sí han cumplido con la ley.
Además, ha remarcado el "efecto llamada" que puede representar esta "amnistía" porque habrá quienes crean que "pueden hacer lo que quieren en el suelo" porque "en un momento u otro se les acabará amnistiando", ha dicho la diputada no adscrita.
Mientras, el diputado no adscrito Antoni Pastor ha lamentado la "oportunidad perdida" que representa el texto de esta normativa que "nace sin pactos territoriales previos" y, por tanto, está "destinada a ser modificada por los futuros Governs", ha opinado antes de destacar que esta inseguridad "no es buena para la actividad urbanística".
AMPLIA PARTICIPACIÓN, SEGÚN EL PP
La parlamentaria del PP Virtudes Marí ha remarcado la "amplia participación" de la Ley por parte de ciudadanos, asociaciones, colectivos, partidos de la oposición y diputados no adscritos. Asimismo, ha incidido en que se ha incorporado más del 40 por ciento de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición y ha hecho hincapié en que ha habido 78 artículos sin enmiendas.
La diputada ha resaltado la "importancia" de esta normativa, porque es la primera Ley del Suelo de Baleares, que era "la única Comunidad Autónoma que no tenía una Ley del suelo propia". Así, ha señalado que "lo más importante es que es una ley que fomenta rehabilitación, la reforma y la reconversión, en vez del crecimiento y el desarrollo de nuevas urbanizaciones", lo que supone, según ha dicho, un "cambio de modelo" que proporciona herramientas para velar por "la legalidad y la transparencia" a los ayuntamientos, Consells y particulares.
También, ha señalado que la nueva norma "incrementa la disciplina urbanística dando potestad a los Consells para la paralización inmediata cuando se detecten infracciones" y hace que el urbanismo "deje de ser algo oscuro" ya que "cualquier persona con un ordenador puede saber cómo está su municipio o su isla". Además, ha añadido, esta Ley "afronta qué hacemos con infracciones urbanísticas prescritas".
Sobre este asunto, Marí ha resaltado que el PP ha puesto "solución" a las infracciones urbanísticas prescritas, así como a las realizadas en asentimientos de suelo rural y ha lamentado que en este ámbito desde los grupos de la oposición "sólo han presentado enmiendas de supresión y no propuestas alternativas.
