El PSIB presenta un proyecto de ley “en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción”

La portavoz del Grupo Socialista, Francina Armengol, ha manifestado“que pasamos de las palabras a los hechos con la presentación de esta iniciativa en favor de la transparencia, el rendir cuentas y la lucha contra la corrupción”. Para Armengol, “damos respuesta a la demanda ciudadana de más transparencia, más participación, más democracia y más explicaciones en la gestión pública”.

Francina Armengol ha hecho esta valoración durante la presentación en rueda de prensa de la Proposición de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto que ha hecho acompañada de la diputada Lourdes Aguiló. La portavoz del Grupo Socialista ha definido esta iniciativa “de innovadora y muy positiva para generar confianza entre los ciudadanos con las instituciones” y ha dicho que supone un avance y mejora respecto a la normativa actual. Francina Armengol ha explicado la voluntad del Grupo Socialista de incorporar en el debate parlamentario este tema con la presentación de esta iniciativa, para que se enriquezca con las aportaciones de entidades y de los ciudadanos. “Si el PP la rechaza, el contenido de esta ley para mejorar la transparencia será un compromiso electoral del PSIB-PSOE que aplicaremos en 2015 si ganamos las elecciones” afirmó.

La Proposición de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto amplía considerablemente el ámbito de actuación, incorporando a todas las administraciones de las Islas Baleares como ayuntamientos, consells insulares y otras entidades de derecho público, así como a las empresas concesionarias de servicios públicos o personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten un servicio público. Todas ellas estarán obligadas a tener un portal de transparencia donde cualquier ciudadano debe poder acceder a la información.

Oficina de Transparencia y de Evaluación Pública

Otra de las novedades que aporta esta Proposición de Ley es la creación de una Oficina de Transparencia y de Evaluación Pública, encargada del cumplimiento de la ley. La Oficina es un órgano autónomo e independiente del Gobierno, vinculado al Parlamento a través de la Sindicatura de Cuentas, integrado por funcionarios de carrera. El director o la directora de la OTAPIB, será designado por el Parlamento de las Islas Baleares por una mayoría de dos tercios, entre el personal funcionario de carrera del grupo A, con experiencia reconocida y con más de diez años de servicios. Su mandato sería de seis años para desvincularlo de la duración de una legislatura.

La diputada Lourdes Aguiló ha explicado que entre las funciones de la Oficina está la de dirimir los casos de incompatibilidades de los altos cargos, aportando un mayor grado de independencia y objetividad al desvincularse del Ejecutivo. En este sentido ha puesto como ejemplo el actual caso de incompatibilidad del presidente Bauzá que habría sido dirimido por esta oficina.

Régimen sancionador

La Proposición de Ley incorpora también como novedad un régimen disciplinario y sancionador que tipifica conductas infractoras, establece sanciones por incumplimientos y un procedimiento sancionador cuya tramitación se encomienda a la Oficina de Transparencia. Aguiló ha explicado que el régimen disciplinario afectaría también a los altos cargos con sanciones que podrían llegar al cese e inhabilitación durante 10 años en el caso de infracción muy grave. La diputada socialista ha recordado que un posible caso para sancionar habría sido el de los correos electrónicos que altos cargos del IDI se intercambiaron con la ideología política de sus trabajadores.

Esta Ley regula la implantación de una nueva forma de relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía, basada en la transparencia y orientada a establecer el denominado “gobierno abierto”, garantizando de manera efectiva:

  • La total transparencia en la toma de decisiones y en la actividad de la Administración autonómica, de las entidades del sector público que se vinculan y, en general, de las instituciones y administraciones públicas radicadas en el territorio de las Islas Baleares.
  • El derecho de los ciudadanos de las Islas Baleares a acceder a la información que esté en poder de la Administración autonómica, de las entidades del sector público que se vinculan y, en general, de las instituciones y administraciones públicas radicadas en el territorio de las Islas Baleares, con garantía de veracidad y objetividad.
  • La participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para lograr una efectiva conectividad de los ciudadanos con sus representantes, fomentada tanto desde el punto de vista cívico como desde el punto de vista institucional en la definición de las políticas públicas y en la toma de decisiones que deberán basarse en procesos de gobierno abierto tal como se define en esta ley.

Francina Armengol ha dicho que esta proposición de ley -con 108 artículos más las disposiciones adicional, transitoria, derogatoria y tres finales- “es un claro ejemplo de cómo pasar de las palabras a los hechos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la transparencia en la gestión pública”.

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