El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha informado sobre los efectos judiciales, económicos y urbanísticos para Palma de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) tras acordar avalar la protección del edificio Gesa.
Jesús Valls ha indicado que “Palma acata la sentencia judicial y que pese a la inestabilidad judicial en que está inmerso todo lo referente al ámbito de reparcelación de la Fachada Marítima, el Ayuntamiento cumplirá con su deber de conservación del edificio y procederá a realizar un proyecto de rehabilitación para conocer el coste real de la misma”.
El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda ofreció una pormenorizada explicación sobre todo el proceso en que se encuentra actualmente el ámbito de la Fachada Marítima señalando que “de los 22 contenciosos interpuestos por Josel SL (Nuñez y Navarro) en este ámbito, la mayoría de ellos hacen referencia a la cuotas de reurbanización, aunque existen tres contenciosos básicos. El primero de ellos se refiere a la catalogación del edificio, situación que ya está resuelta con la sentencia del Tribunal Superior. La segunda de las impugnaciones tiene que ver con la modificación puntual del planeamiento y en este sentido nada ha cambiado en relación con el planeamiento que sigue en vigor. El último de los contenciosos hace referencia a la reparcelación”.
A estas impugnaciones hay que añadir que el edificio está pendiente de inscripción registral debido a otra demanda interpuesta por Nuñez y Navarro que exige que antes de esta inscripción registral, se ponga a su disposición el edificio de Emaya y el IMI.
Edificio Gesa: Uso administrativo institucional público.- El teniente de alcalde de Urbanismo dejó claro que el edificio de Gesa “tiene un uso administrativo institucional público, lo que resulta fundamental a la hora de realizar valoraciones en la equidistribución de las unidades de ejecución resultantes en el ámbito de la Fachada Marítima. Asimismo, el edificio es un bien catalogado en la protección más baja. Se trata de un edificio de 15.000 metros de techo, por lo que el planeamiento esta aprobado con la posibilidad de agotar 13.000 de techo para edificar en este ámbito, de los cerca de 28.000 metros de techo existentes”.
Por ello y ante esta complicada situación judicial, Jesús Valls destacó que lo que debe hacer ahora el Ayuntamiento de Palma cara a un futuro próximo “es continuar con el traslado de la sede de Emaya y el IMI para poner este edificio a disposición de Josel SL y poder concluir el proceso de inscripción judicial”.
Valls añadió que “solicitaremos al Consell Insular, asi así fuese necesario, la revisión de la ficha de catálogo con el objetivo de conseguir que la futura rehabilitación cumpla con los criterios técnicos de la Ley de Ordenación de la Edificación y el Código Técnico y lograr un edificio moderno y sostenible y cumpliremos con el deber de conservación ya que la protección del edificio lleva implícito el deber de conservarlo”.
En relación con los efectos económicos de la sentencia, el teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda resaltó que “actualmente, el plan de saneamiento de Cort nos imposibilita poder destinar dinero a la rehabilitación inmediata del edificio, a lo que hay que sumar que si resultara nula la modificación puntual impugnada, reviviría el planeamiento anterior, modificarlo de nuevo debido a la catalogación del edificio y proceder a una nueva reparcelación de la Fachada Marítima, por lo que todo el dinero invertido supondría dinero perdido”.
Por último,Jesús Valls y siempre en relación con los efectos urbanísticos de la sentencia recordó que la protección del edificio “implica que el mismo no se puede demoler y que toda solución urbanística pasa por mantener el edificio con las características incluidas en el catálogo, especialmente en lo que hace referencia al muro cortina y a la forma de cubo que se mantienen en estructura de cristal y acero”.
La conflictividad jurídica constituye una verdadera traba para una inmediata solución urbanística por lo que Cort tiene previsto realizar un plan de acción impulsando ideas y proyectos que se ejecutarán “cuando se despeje el horizonte judicial que actualmente tiene obstruido cualquier solución”, señaló Valls que añadió que, además existe otro recurso de casación por la resolución del contrato de compraventa del edificio con Endesa por valor de 73 millones de euros.
El teniente de alcalde de Urbanismo apuntó que “la hoja de ruta de Cort pasa por cumplir con el deber de conservacion del edificio y seguir trabajando de cara ha realizar propuestas de futuro que sean estratégicas para el futuro proyecto de ciudad”.
Valls concluyó que “estamos ante un proyecto de ciudad y es necesario seguir dando los pasos urbanísticos para avanzar en una solución global contando con el consenso de los diferentes partidos políticos y los agentes que puedan verse afectados por las modificaciones en la Fachada Marítima. En su día, ya pusimos en conocimiento de la opinión pública que Nuñez desea que le sean devueltos los derechos urbanísticos que se le cercioraron para su modelo de desarrollo”.
