jueves. 28.03.2024

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de siete años de prisión para la la exportavoz de Unió Mallorquina (UM) y exconsellera insular de Medio Ambiente Catalina Julve por prevaricar, malversar caudales públicos y defraudar a la administración para beneficiar a empresarios afines a su partido, en el marco del llamado caso Cloaca.

Los fiscales encargados del caso, Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau, solicitan la misma pena por delitos similares para Coloma Castañer, exsecretaria técnica de Cooperación Local del Consell de Mallorca y para el empresario Simón Galmés, beneficiario de dos adjudicaciones supuestamente fraudulentas por un valor total de 545.000 euros.

También están acusados los empresarios César García Rullán y Miguel Rullán Coll, para quienes se proponen condenas de 4 años de prisión en cada caso por una adjudicación presuntamente irregular de casi 30.000 euros y por favorecer otra que se otorgó a Galmés.

La Fiscalía acusa a Castañer y a Julve de ponerse de acuerdo con los tres empresarios, para adjudicarles, primero a los responsables de la empresa Rullán y luego a Galmés, sendas adjudicaciones para la provisión de 2.150 sillas de resina blanca con brazos, para lo cual las empresas que fueron invitadas pertenecían al mismo grupo empresarial, “conculcando los principios de la Ley de Contratación Pública”. Coloma Castañer firmó el informe justificativo de este suministro mientras que Julve fue la encargada de resolver el inicio de la licitación por casi 30.000 euros en cada caso.

Las sillas fueron pagadas, por un total de 29.928 euros públicos, el 13 de diciembre de 2006 en virtud de una factura falsa emitida contra la Institución por Ses Nostres Eines el 2 de octubre, a pesar de que esta empresa las adquirió para suministrarlas al Consell dos meses después.

Esas sillas, según Carrau y Subirán, ni eran necesarias ni hay constancia de que fueran entregadas, ya que no están en poder del Consell de Mallorca.

Además, la exconsellera y la antigua secretaria técnica a su cargo, según la acusación, impusieron a las empresas adjudicatarias de la recogida selectiva de residuos la contratación de la empresa de Galmés para llevar a cabo un trabajo de inspección del servicio que nunca se realizó. La empresa a la que le encargaron este seguimiento, Ses Nostres Eines, cobró por ello 9.000 euros mensuales -con cargo a las arcas públicas- sin que conste que realizase control alguno.

Esa sociedad se embolsó 515.000 euros por el trabajo ficticio entre 2006 y 2010 que abonaban las adjudicatarias tras repercutir el gasto al Consell, con lo que el dinero procedía de las arcas públicas, en los archivos del Consell no constan “más que unos pocos informes” de Ses Nostres Eines cuyo contenido es “una mera copia de información facilitada por las empresas adjudicatarias”, derivándose de ello que “la contraprestación a tan elevada cantidad no existió”. Además que el objeto social de Ses Nostres Eines nada tenía que ver con la recogida de residuos.

La Fiscalía pide que se impongan fianzas de 40.000 euros a cada uno de los empresarios responsables del grupo Rullán y sendas fianzas de 770.000 euros para Julve, Castañer y Galmés.

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