Informes técnicos muestran que la situación del Luis Sitjar empeora y ya es insostenible

El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, ha anunciado hoy que los informes técnicos de las diferentes visitas efectuadas por personal de la Gerencia de Urbanismo al estadio Lluís Sitjar avalan la posibilidad de su demolición también por cuestiones técnicas, y no meramente económicas. Este hecho, junto con la demostrada peligrosidad que ha supuesto el acceso continuado a las instalaciones a pesar de las medidas cautelares, hace que el Ayuntamiento se plantee la posibilidad de efectuar una demolición subsidiaria, a pesar de que Valls apela “a la responsabilidad del RCD Mallorca y el resto de copropietarios para evitar el estado de degradación y encontrar una solución conjunta”.

Medidas cautelares e informe
Las medidas cautelares que tomó el RCD Mallorca, para cerrar el acceso al estadio no impidieron totalmente la entrada de personas y la comisión de delitos a las instalaciones. Desde la Gerencia de Urbanismo se reunieron todas las diligencias policiales, y junto con una serie de visitas de personal del departamento de Disciplina y Protección de la Edificación, se han desarrollado una serie de informes en los cuales se concluye que la situación del estadio ha empeorado sensiblemente.

Ruina económica y técnica
Así queda determinado en el inform técnico con fotografías que ha elaborado el mencionado departamento, el cual muestra el estado de peligrosidad de las instalaciones. “Hay riesgo de colapso parcial en diferentes zonas”, como asegura el informe. El informe incluye además el listado de medidas cautelares tomadas, y las visitas periódicas de la Policía a Lluís Sitjar. Estas medidas no han sido suficientes para impedir la entrada de terceras personas al recinto del estadio.

Por lo tanto, la postura del Ayuntamiento es considerar que existe una verdadera ruina técnica y física del equipamiento deportivo y que, en consecuencia, se tiene que atender esta realidad. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han notificado al juzgado que tiene que resolver, el próximo 31 de julio, sobre la cuestión de la demolición (inicialmente sólo con la base de la ruina económica) para que se evalúe la efectividad de estas medidas cautelares tomadas por los copropietarios, que para el Ayuntamiento han sido insuficientes, como muestran los actos delictivos y los constantes accesos no autorizados de personas.

“Los meses pasan y el fondo del asunto no se está arreglando”, asegura Valls; “desconozco si por el retraso de los juzgados de lo contencioso administrativo u otra razón, pero desde la Gerencia nos planteamos todas las posibilidades de actuación. Hay argumentos técnicos que pueden concluir que la ruina es técnica, y la Gerencia extenderá todas sus posibilidades jurídico administrativas para evitar el peligroso estado de degradación”.

Sin embargo, “el actual objeto del pleito es diferente y no se puede variar”, razón por la cual Valls apelaba a la responsabilidad del RCD Mallorca y mostraba la total disposición a la interlocución por parte del Ayuntamiento. El regidor afirmó que “el destino del terreno, según la opción compartida por todos los grupos de Cort, es destinarlo a la ampliación de la Falca Verde y equipamientos municipales, en ningún caso lucrativa”.

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