El Tribunal Supremo confirma la condena de 16 años de prisión para Cardona

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de 16 años de cárcel que le fue impuesta al conseller de Comercio, Industria y Energía durante el último Govern de Jaume Matas (2003-2007), Josep Juan Cardona, por liderar una trama por la que fueron desviados más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB). Se trata de la pena más elevada impuesta a un político de Baleares y de las más altas en el conjunto del país.

En concreto, sobre Cardona pesan un delito de asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, un delito continuado de malversación y fraude a la administración.

Un día después de que la Audiencia Provincial de Baleares hiciese pública su sentencia, de 637 páginas, el 30 de julio del año pasado el tribunal decretó, a petición de la Fiscalía, prisión provisional sin fianza para el exalto cargo del PP, quien se encuentra desde entonces ingresado en la cárcel de Ibiza.

También fueron condenados a cinco años y cinco meses de prisión al exdirector general de Promoción Industrial del Govern Kurt Viaene, a cuatro años y dos meses a la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas, y a tres años y nueve meses al empresario, exconcejal de Lloseta y sobrino político de Matas, Felipe Ferré, quienes comunicaron entonces que no recurrirían la sentencia (debido a que pactaron las penas), por lo que también se encuentran en prisión cumpliendo sus respectivas penas.

Los exaltos cargos, tal y como ahora ha confirmado el Supremo, urdieron el expolio del CDEIB mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban hombres de paja o testaferros y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio.

En el caso de Cardona, el único de los condenados que recurrió la sentencia en casación ante el TS, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestima uno a uno los argumentos vertidos por su defensa para pedir su absolución, entre los que mencionaba el error en la aplicación del delito de malversación. Al respecto, el Supremo rechaza tajante esta alegación al considerar probado que ninguno de los trabajos que fueron encargados y pagados desde el CDEIB “no obedecían a una realidad” y que “muchos de los estudios” ordenados “eran una mera realización de fotocopias”.

Es más, incide en que “muchos” de ellos eran “absolutamente inútiles, siendo sólo la apariencia de su realización para justificar un gasto con dinero público”. La Sala apunta del mismo modo cómo la contratación de eventos y reuniones gastronómicas se realizó “sin observancia de la normativa administrativa, adjudicándose a sociedades participadas por los acusados, que ni siquiera realizaban el evento”.

Asimismo, frente al argumento de que Cardona vio vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por considerar que únicamente han sido valoradas las declaraciones en su contra de los demás inculpados, achacándolas a una “animadversión” contra él, el tribunal señala que la motivación de la sentencia confirmada es “rigurosa”, basada no sólo en las afirmaciones de los acusados sino también en anotaciones manuscritas “objeto de una amplia prueba pericial” que corroboran las comisiones que se cobraban y el reparto que se hacía de ellas.

Es más, añade que también documentalmente se ha constatado la realidad de los viajes efectuados con fondos públicos, las modificaciones de crédito efectuadas desde la Conselleria de Comercio en favor del CDEIB, la obtención de créditos bancarios y los folletos electorales del PP que fueron transportados a Ibiza con el dinero del Consorcio. En relación a los acusados que le incriminaron, el TS apunta que “se trata de personas de la máxima confianza del conseller y sin animadversión alguna”.

250.000 EUROS EN COMISIONES ENTERRADOS EN CAJAS DE ‘COLA CAO’

El Supremo destaca la colaboración que efectuó la mayoría de acusados y, entre ellos, recuerda cómo Ordinas y su mujer, Isabel Rosselló, posibilitaron que la Comunidad Autónoma recuperase 370.470 euros, además de devolver las cajas de ‘Cola Cao’ que ambas tenían enterradas en el jardín de su chalet de Pòrtol y en las que guardaban unos 250.000 euros en concepto de comisiones.

Al respecto, Ordinas recordó durante el juicio cómo, después de que comenzara a salir en prensa informaciones sobre las supuestas anomalías producidas en el CDEIB sobre un supuesto desvío millonario de fondos públicos bajo su gerencia, decidió colaborar con la justicia informando de que en su jardín estaban enterradas las cajas con el dinero. Fue un día después de ingresar de forma preventiva en prisión tras estallar esta causa cuando decidió con su defensa entregar los botes, para lo cual le excarcelaron y la condujeron hasta su vivienda.

EL CDEIB SUFRAGÓ EL TRANSPORTE DE FOLLETOS ELECTORALES DEL PP

La sentencia confirmada condenaba asimismo al PP balear a indemnizar a la Comunidad Autónoma con un total de 10.585 euros, cantidad que la formación desvió del CDEIB al transporte de seis toneladas de folletos publicitarios para la campaña electoral del PP en Ibiza y Formentera de 2007. El desplazamiento de la propaganda se efectió camuflado como si de productos típicos de las islas se tratase y haciendo constar el transporte en una factura bajo el nombre ‘Productos Cinco Estrellas’.

La Audiencia condenó además a los acusados a indemnizar al Govern con el pago de más de 1,7 millones de euros al declarar nulos todos los contratos que fueron rubricados de forma irregular entre el CDEIB y distintas empresas, entre las que se encontraban las que Cardona, Viaene y Ordinas controlaban mediante testaferros.

Entre los contratos declarados nulos se encuentra el suscrito entre el CDEIB y Comarca Global por un proyecto dirigido aparentemente a potenciar la industria turística balear con bodas en China, pero que en realidad se planteó como cobertura para desviar 243.600 euros del consorcio, cantidad en la que presupuestaron la iniciativa.

“SAQUEO SISTEMÁTICO PARA INTERESES BASTARDOS”, SEGÚN HORRACH

En sus alegatos finales durante la celebración del juicio, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el “saqueo sistemático” y el uso de la Administración “para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso”. Y en el epicentro de esta causa, el exconseller de Comercio, al que el fiscal se refirió como “el jefe de la banda”, con “indicios múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas”.

En una contundente intervención ante el tribunal, Horrach aludió al “historial político” de Cardona, desplegando los numerosos indicios incriminatorios que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el funcionamiento del grupo delictivo y participó en la maniputación de los procedimientos administrativos. “Yo tardé dos segundos en conocer estas reglas básicas de este tipo de procedimientos, ¿y él no las conocía?”, espetó al respecto.

Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio al exconseller, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia, dirigiéndose al acusado, que “no le voy a decir cuántos casos llevo, pero me los miro todos”, después de que el inculpado aseverase que no podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través del Consorcio que él presidía.

Uno de los momentos más tensos del juicio se produjo cuando Kurt Viaene confesó que en el CDEIB, con el conocimiento de Cardona, “se hacía un reparto ‘africano’ de comisiones”, entre otras irregularidades, lo que le llevó a estar a punto de dimitir en 2006 porque “la bola era cada vez mayor”.

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