Los docentes apelan la “inadmisión” de la querella contra el popular Antoni Camps

El pasado mes de septiembre, un grupo de treinta y siete profesores y profesoras del IES Joan Ramis de Menorca denunciaron el diputado del PP Antoni Camps a raíz de la carta que este publicó en varios medios de Baleares el día antes del comienzo de la huelga indefinida de docentes que paralizó la Educación isleña durante semanas. En aquella carta, el diputado difamaba al colectivo docente y amenazaba con “identificar con nombres y apellidos” a quienes
participaran en la huelga, expresión que fue interpretada ampliamente —por los docentes, los medios y la opinión pública— como una amenaza de elaboración de “listas negras”.

Para pagar los gastos del proceso judicial puesto en marcha, los docentes realizaron una campaña de micromecenaje a través de la plataforma totsuma.cat, que superó con creces la cantidad solicitada, con una cuantía final de más de 4.000 euros.

Medio año más tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.2 de Maó ha emitido un auto de inadmisión de la querella, al no observar en los hechos denunciados ninguna circunstancia constitutiva de delito.

El profesorado denunciante respeta la decisión del juez pero no la comparte, y en consecuencia ha decidido apelar esta decisión judicial. Entienden que no se trata de una causa con circunstancias totalmente objetivas, sino con un componente de interpretación subjetiva, y que por lo tanto la Audiencia Provincial puede hacer una apreciación distinta de la que se ha emitido en primera instancia.

De los argumentos del juez para inadmitir la querella, los docentes discrepan especialmente del hecho que no se considere la voluntad de difamación e incitación al odio por parte del diputado Antoni Camps. Para los docentes a las puertas de la huelga de docentes, “es obvio que la intención del diputado era predisponer a las familias contra el colectivo docente, y con esta intención se valió de mentiras, acusaciones de malas prácticas y difamación de su integridad personal y profesional”. Estos excesos, entienden los docentes, no pertenecen a la libertad de expresión, sino a la calumnia.

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