ASEMA denuncia la falta de voluntad política para acabar con los talleres ilegales

La Asociación Empresarial de Automoción y Náutica de Baleares (ASEMA), que agrupa a unos 600 talleres mecánicos de Mallorca, Menorca e Ibiza, denunció la falta de voluntad política para abordar con firmeza el problema que está generando al sector la presencia cada vez mayor de talleres ilegales, que, según un estudio, realizan ya una de cada cuatro operaciones de mantenimiento y/o reparación de vehículos en España.

Según explicó el presidente de ASEMA, Joan Oliver, “la proliferación de este tipo de establecimientos que se viene registrando en los últimos años está causando un gran perjuicio a todos aquellos profesionales que sí cumplen con todas sus obligaciones”.

“A pesar de ello, ni el gobierno central ni el autonómico están adoptando las medidas necesarias para atajar esta situación, como podría ser el refuerzo del cuerpo de inspección destinado a detectar y denunciar la existencia de talleres ilegales”, subrayó Oliver.

Para ofrecer una visión clara sobre la incidencia real de este problema y contribuir a su solución, la federación nacional de talleres a la que pertenece ASEMA, CONEPA, ha realizado un estudio de ámbito nacional que ya está difundiendo entre los distintos Ministerios vinculados a la actividad de los talleres mecánicos, como son Hacienda, Medio Ambiente, Industria, Comercio y Trabajo.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Así, según el citado estudio, una de cada cuatro operaciones de mantenimiento y/o reparación de vehículos en España se realizan de media en empresas que no están dadas de alta en los registros preceptivos. Estas operaciones se canalizan por las siguientes vías:

• Establecimientos situados normalmente en polígonos industriales (a veces identificados como talleres en sus fachadas, pero en otras ocasiones, ni siquiera aparecen como tales de manera visible).
• Garajes privados (fundamentalmente de chalets unifamiliares).
• Establecimientos de alquiler de espacios para efectuar reparaciones por los propios usuarios (conocidos popularmente como “boxes”), donde mecánicos en paro o con necesidad de sobresueldos “cobran” por las operaciones realizadas a particulares.
• Vía pública: reparaciones realizadas en la calle por personas que cobran a otras por hacerlas.
• Talleres móviles ilegales: furgonetas o turismos, la mayoría de las veces no identificados, que suelen trabajar dentro de las localidades, evitando los lugares donde opera la Guardia Civil de Tráfico.

La crisis económica ha supuesto la proliferación de los talleres ilegales, ya que hasta el año 2008 la incidencia de estos establecimientos era del 8% en toda España. A partir de 2010 el problema se fue agravando, especialmente en aquellas CCAA en las que la presencia de talleres ilegales era hasta entonces poco significativa, hasta llegar por ejemplo hasta un 30% en el caso de Baleares. En 2012 y 2013 el problema se extendió ya fuertemente en todas las CCAA.

En cuanto al tipo de operaciones que realizan estos talleres ilegales, la mayoría corresponden a electromecánica y son, en general, actuaciones relacionadas con el mantenimiento periódico y con reparaciones de mecánica, siendo relativamente limitadas las de electrónica. En cuanto a carrocería, la incidencia es algo menor y se concreta en arreglo de pequeños golpes, cambios de parachoques y sólo en muy contadas ocasiones grandes reparaciones de carrocería y pintado de vehículos enteros en cabina.

Asimismo, según el estudio, las asociaciones integrada en CONEPA han gestionado unas 450 denuncias formales de otros tantos talleres presuntamente ilegales en los últimos tres años. De ellas, se ha obtenido información de seguimiento de 257 casos, que en su mayoría proceden del SEPRONA y principalmente de Cataluña, Comunidad que concentra 162 de estas operaciones. En el resto de las CCAA, sólo se tiene certeza de actuaciones sobre 95 puntos de servicio.

En cuanto a la colaboración prestada por las autoridades para luchar contra esta situación, el estudio destaca al SEPRONA como la organización más colaboradora, a mucha distancia de los servicios competentes Trabajo, Industria y de los Ayuntamientos.

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