La implantación del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los internautas españoles

La implantación del denominado ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros anuales para los internautas españoles, al incrementarse su tiempo de búsqueda para acceder a la información deseada. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) para la Coalición Pro Internet, coincidiendo con la tramitación parlamentaria del texto refundido de la ley de Propiedad Intelectual (LPI) que prevé el ‘’derecho irrenunciable’’ de los editores de prensa a percibir un canon de los prestadores de servicios electrónicos de agregación.

Afi ha estimado el tiempo adicional que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información deseada en ausencia de agregadores, un tiempo que se dejaría de dedicar a otras actividades más productivas. Es precisamente este “coste de oportunidad” el que se valora en términos monetarios a partir del ingreso medio por hora de los internautas. Un incremento de tan sólo un segundo en el tiempo que debe dedicar un usuario medio para encontrar cada noticia supondría una merma de su bienestar individual valorada en 65,7 euros al año.

El informe de Afi incluye una amplia descripción de las implicaciones económicas que acarrearía la modificación de la LPI en caso de llevarse a cabo. En sus conclusiones, destaca que la introducción del ‘canon AEDE’ tendría un impacto negativo sobre la eficiencia, la libre competencia, la innovación tecnológica y empresarial, y la seguridad jurídica.

La introducción de un canon está destinada a resolver un fallo de mercado cuya existencia es discutible, dado que no se ha demostrado que haya competencia directa entre agregadores y medios en la puesta a disposición del público de noticias. Es más, la existencia de mecanismos de opt-out que permiten a los editores evitar la distribución de sus contenidos a través de estas herramientas ofrece una alternativa sencilla a los medios que no deseen ser agregados.

A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de Internet en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

Tal y como se plantea en la propuesta de modificación de la LPI, una compensación irrenunciable atenta contra la libertad de empresa y puede perjudicar a los editores de menor tamaño, especialmente a aquellos que producen contenidos bajo licencias copyleft (Creative Commons, por ejemplo) o que desearían negociar condiciones particulares con los agregadores.

Desde un punto de vista macroeconómico, podrían producirse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido; se desincentivaría la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación, y, finalmente, de producirse la modificación legislativa, sería un cambio normativo discrecional en detrimento del interés general, lo que iría en menoscabo de la seguridad jurídica en España. Los agregadores de contenidos digitales son, según el informe, uno de los instrumentos que más han contribuido a corregir los efectos negativos de la sobrecarga de información en Internet. Estas herramientas aportan valor específico y diferencial a los usuarios, puesto que no se limitan meramente a referenciar contenidos, sino que ofrecen otros servicios de valor añadido que permiten la recopilación automática o a través de mecanismos sociales de información relevante para cada usuario.

El estudio de Afi considera que la agregación de contenidos no genera un fallo de mercado, ni impide que los editores reciban una compensación por sus actividades productivas.

1 Comentario

  1. El informe de Afi (líderes en consultoría económica y financiera independiente) hecho público en el día de ayer viene a confirmar lo disparatado de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual propuesta por el gobierno a petición de los medios escritos agrupados en Aede. Todos los puntos del informe concluyen en que “su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores ( en detrimento del interés general ) lo que supondría un menoscabo de la seguridad jurídica en España .” Carmen santos arrarte. documentación de medios s.a.

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