Envac anuncia acciones legales contra EMAYA por intentar cobrar un aval de hace 14 años

Envac Iberia, la empresa especializada en la instalación y operación de sistemas neumáticos de recogida de residuos, anuncia el inicio de acciones legales contra la empresa municipal EMAYA en el caso de que esta última no desista de ejecutar de manera ilegal el aval que hace catorce años le fue entregado por esta compañía tras serle adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos en Palma.

En el contrato firmado en 1999 entre EMAYA y la UTE adjudicataria de este proyecto, en la que además de Envac figuraba Urbaser y Dragados, se establecía que la empresa municipal debía proceder a la cancelación de dicha fianza pasado el plazo de un mes desde la recepción definitiva de la instalación. La recepción oficial de las oObras por parte de Emaya de conformidad al proyecto y el contrato se produjo en el primer trimestre de 2006.

Desde esa fecha, Envac ha venido reclamando a EMAYA la entrega de dicha fianza en numerosas conversaciones, reuniones y escritos, sin que hasta la fecha la empresa municipal haya respondido a este requerimiento ni haya expresado los motivos para no hacerlo. De ésta forma, Emaya mantiene cautivo un documento que no debería obrar en su poder y por tanto el solicitar a la entidad bancaria su ejecución podría suponer un ilícito civil y penal. Este hecho resulta si cabe más insólito desde el momento en que la empresa municipal sí procedió en 2007 a la devolución de los correspondientes avales a los otros miembros de la UTE.

El aval otorgado en 1999 por Envac, por un importe de 240.240,27 euros, y en el que figura La Caixa como entidad fiadora, es una exigencia de la legislación sobre contratación pública, que está vinculada única y expresamente a las obligaciones derivadas del concurso en cuestión, sin que quepa su ejecución por cuestiones que nada tienen que ver con los requerimientos fijados en el correspondiente contrato.

En concreto, el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece de forma categórica la obligación de cancelar de oficio la garantía depositada por el contratista una vez expirado el plazo establecido en el propio contrato. Apelando a este precepto legal, Envac exige a EMAYA la paralización de la ejecución de la citada garantía y la devolución inmediata del aval. En caso de mantener la empresa municipal su negativa, anuncia su resolución de ejercitar ante los tribunales las acciones civiles y penales que correspondan.

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