jueves. 28.03.2024

La expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar volverá a sentarse en el banquillo, bajo una petición de ocho años de cárcel, acusada de liderar una trama por la que fueron contratados, con fondos públicos del Consell, militantes que en realidad se dedicaban a realizar trabajos y buscar votos en favor de la extinta Unió Mallorquina (UM).

La imputada, sobre quien ya pesan dos condenas firmes que suman once años y medio de cárcel y se encuentra en prisión desde el 24 de julio de 2013, será juzgada de nuevo después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya desestimado el recurso con el que había agotado todas las vías para evitar ir a juicio y en el que negaba haber incurrido en delito alguno, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

En concreto, las pesquisas se enmarcan dentro de la pieza 10 del caso Voltor, y apuntan a que, pese a estar a sueldo del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell, los militantes de UM no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían dedicado a trabajar para el partido.

Es más, los fiscales sostienen que exaltos cargos insulares como el exvicepresidente Miquel Nadal favorecieron la contratación irregular de estos empleados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.

De igual forma, el tribunal de la Sección Primera ha rechazado el recurso que interpuso por su parte el exgerente del Cilma Eugenio Losada, quien solicitó la nulidad de las investigaciones así como el archivo de su imputación. La Sala recalca que el encausado era quien recibía la identidad de las personas a las que había que contratar, el sueldo que debían percibir y otros datos, "con pleno conocimiento de que realmente no trabajaban en dichos proyectos".

De hecho, el tribunal señala en su auto que fue el propio Losada quien explicó y desveló la forma de contratación ordenada por miembros de UM, de dónde procedía el dinero para el Cilma, quién se lo dio y qué parte de esos fondos se utilizó para contratar a esos "falsos" trabajadores.

Junto a Munar y Losada, también se encuentra acusados otros 16 excargos y afiliados del desaparecido partido, entre quienes se encuentran Miquel Nadal, el exconseller de Turismo del Govern Francesc Buils, el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, la exportavoz de UM Catalina Julve, y el exdirector general de Relaciones Institucionales Josep Lliteres.

La jueza instructora de esta causa, Carmen Abrines, interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal Miguel Ángel Subirán después de que el propio Losada aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los exaltos cargos de UM.

En total, según la documentación que fue entregada por Losada -también acusado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

MUNAR ASEGURÓ NO TENER "NADA QUE VER" CON LAS CONTRATACIONES

Cabe recordar que Munar, quien compareció de manera voluntaria ante la jueza, aseguró que no tiene "nada que ver" con la contratación de empleados por parte del Cilma. Mientras, tanto Nadal como su secretaria personal y la del exconseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la magistrada cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.

Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.

Munar irá a juicio por liderar una trama de captación de votos con fondos públicos en...