La Audiencia admite a trámite la denuncia de los docentes contra el diputado del PP Antoni Camps

El pasado 26 de mayo el Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Maó
desestimó la querella presentada por un grupo de profesores del IES Joan Ramis i Ramis de Maó contra el diputado Antoni Camps, a raíz de una carta difamatoria publicada por este a la prensa el día antes del inicio de la huelga de docentes, los denunciantes, a través de su abogada, Cristina Gómez Estévez, presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

En respuesta a esta apelación, la sala segunda de la Audiencia ha emitido, en fecha del 15 de julio, un auto de revocación parcial de aquella decisión del Juzgado de Primera Instancia de Maó, estimando en parte la apelación de los docentes y dando curso, por lo tanto, a su tramitación judicial.

En concreto, la Audiencia considera que la querella de los docentes apunta a indicios de delito en cuanto a injurias y calumnias, mientras que desestima las denuncias de amenazas y
incitación al odio contra el colectivo docente. En este sentido, y en relación a la carta de Antoni Camps que motivó la denuncia, los magistrados consideran que “no cabe duda que su contenido pone de manifiesto una ideología extremista que puede conducir a quienes la reciben al enojo y al menosprecio”, pero que aun así “no se puede criminalizar el contenido del mensaje contrario al ejercicio del derecho de huelga”, puesto que por encima de este prevalece el derecho constitucional a la libertad de expresión.

En cambio, el auto considera que las manifestaciones difundidas por el diputado Antoni Camps en aquella carta a través de los medios de comunicación, “pueden ser constitutivas de delito de
injurias en la medida que lesionan la dignidad de los querellantes y menoscaban su fama atacando su buen hacer profesional de forma inmotivada y gratuita.” Así mismo, la Audiencia estima que un párrafo de la carta del diputado, donde dice que los docentes en huelga“son los que presionan y hacen bulling a tantos profesores sensatos, serios, a sus alumnos, sufriendo, además, en silencio las amenazas y burlas de estos”, puede contener la imputación
de un delito de calumnia.

Por todo esto, el profesorado denunciante se muestra satisfecho con la resolución judicial, y en las próximas semanas preparará los argumentos para afrontar la continuidad de la instrucción
del proceso penal.

Una vez más, el profesorado denunciante quiere insistir que su denuncia no pretende intimidar, ni mucho menos silenciar, al diputado denunciado ni a ninguna otra persona que quiera expresar una opinión crítica con la huelga de docentes o con el ejercicio de su trabajo, sino tan sólo defender su derecho al honor y subrayar la dignidad profesional de todo el colectivo docente.

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