FAPA denuncia que hay familias que se ven obligadas a llevar a sus hijos a la concertada

Desde que se cerró el proceso de admisión de alumnos del curso 2014-2015, se han multiplicado las quejas que llegan a FAPA Mallorca formuladas por familias que se ven obligadas a llevar a sus hijos a escuelas concertadas. Este hecho, según explica FAPA en un comunicado, se produce como consecuencia de los recortes que han provocado falta de plazas en los centros públicos de algunos municipios y porque desde la Conselleria no han tenido mejor idea que “resolver” esto derivando estos alumnos a centros concertados.

Inca, Manacor, Porreres y Esporles son algunos de los municipios donde muchas familias no han obtenido plaza en los centros públicos debido a la eliminación de líneas de enseñanza en los CEIP e IES. Esta situación, que se arrastra desde hace dos años con los recortes de docentes y el incremento de ratios, se ha vuelto insostenible en muchos centros, explica FAPA, donde disponen de espacio pero a pesar de todo la Conselleria no quiere desdoblar grupos para que se pueda aceptar a aquel alumnado que no ha obtenido plaza.

Ante estos hechos, FAPA se pregunta dónde queda la libre elección de centro que tanto pregonaba el PP en su programa electoral. “Parece ser que el Gobierno Bauzá sólo atiende las demandas de grupos que no se sabe exactamente a quién representan, tergiversando su programa electoral y dejando desatendidas las peticiones de toda la sociedad que está reclamando una educación pública y de calidad” afirma el comunicado.

La situación se agrava debido a que la gran mayoría de centros concertados son de carácter religioso e imponen el ideario de la titularidad que no coincide con la opción de muchas familias que habían elegido una educación pública y laica para sus hijos. Ante esta situación y como consecuencia de las actuaciones de la Consellería, muchas familias verían vulnerado el derecho constitucional que asiste a madres y padres a elegir, de acuerdo con sus convicciones, la educación religiosa o moral que han de recibir sus hijos, art. 27.3 CE.

Además, afirma FAPA, también existe el problema de las cuotas, supuestamente voluntarias, que los centros concertados cobran a las familias y que en algunos casos llegan a los 200 euros mensuales. Esta situación atenta contra el derecho fundamental de una educación básica obligatoria y gratuita como expone la también la Constitución española en el artículo 27.4 y vuelve a dejar claro que la Conselleria ignora su responsabilidad y no vela por los intereses de las familias, acusan desde la Asociación.

Finalmente FAPA denuncia que la Conselleria actúa con intencionalidad porque conoce con detalle los hechos, no da respuesta a las familias con la excusa de la falta de recursos económicos y maquilla sistemáticamente la situación con buenas palabras. Pero para FAPA, la realidad es otra y cuando interesa pronto se encuentran los recursos, como se ha demostrado claramente con el reciente concierto de un centro de primaria que segrega por sexo, vinculado a la institución ultracatólica Opus Dei, y que supone unos 500.000 euros los contribuyentes.

Para FAPA está claro, el problema es que la conselleria no asume como propia la defensa de los derechos de todas las familias y el mantenimiento de la educación pública. Por ello, destina los pocos recursos que hay a unas prioridades que no podemos compartir y “juega” con el resto de la comunidad educativa a que pase el tiempo para que quien sufre acabe claudicando por indefensión y que todo ello los problemas caigan en el olvido. Es la estrategia de los hechos consumados.

“Para septiembre lo revisaremos”, dicen desde la Consejería. Que no nos cuenten preocupaciones, cuando el gobierno quiere “resolver” un problema pronto encuentra el dinero y le bastan dos horas, concluyen desde FAPA

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