Protección de Datos sanciona al Ayuntamiento de Sóller por la instalación de una cámara oculta

La Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado por una falta grave al Ayuntamiento de Sóller (PP) a raíz de la instalación, en septiembre de 2012, de una cámara oculta en el parking de la barriada de los Estiradors.

Así lo ha informado en un comunicado el colectivo Albaïna, que destaca que tras un largo procedimiento administrativo, finalmente la AEPD le ha dado la razón al determinar que el Consistorio ha infringido el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Unos hechos por los que la entidad pide que el alcalde, Carlos Simarro, y el teniente de alcalde Gabriel Darder “pidan disculpas públicamente a la ciudadanía, y esperamos, como sucedería en un país normal, su dimisión”.

Según recuerda la entidad en su nota, la vulneración del derecho a la intimidad de los ciudadanos conlleva una multa de entre 60.000 y 300.000 euros en caso de que el denunciado sea un particular, y en este caso, que se corresponde a infracción por parte de la administración pública, queda pendiente de fijar.

En concreto, el procedimiento se remonta al 18 de septiembre de 2012, cuando el colectivo desmontó la cámara de videovigilancia que había oculta en una caja de electricidad en el parking de los Estiradors en presencia de varios periodistas.

Tal y como explican desde Albaïna, justo en el momento en que un militante del colectivo acababa de desmontar el aparato, hizo acto de presencia el sargento de la Policía Local y entonces gerente de Sóller 2010, Jaume Casasnovas, quien ordenó identificar a los presentes e instó a entregar la cámara oculta desinstalada al cuerpo policial.

“Sin embargo, los miembros de Albaïna hicieron caso omiso y lo entregaron a la Guardia Civil”, señala la nota, que recalca que fue más tarde cuando pusieron una denuncia en los Juzgados de Palma, y otra en la AEPD. Los días siguientes a la denuncia nadie se atribuyó la propiedad de la cámara y el Consistorio negó tener conocimiento de ésta, apuntan desde la entidad.

De hecho, afirman que “un caso sonado fue la intervención del alcalde Carlos Simarro en televisión, donde negó varias veces saber nada de la cámara. Pocos días después el mismo Simarro se atribuyó la autoría de la cámara, lo que demuestra la gran facilidad que tiene para mentir a la ciudadanía”.

Albaïna subraya que, de acuerdo a la Ley, los cuerpos de seguridad del Estado son los únicos que pueden ser legitimados, bajo la supervisión de un juez, para la realización de estas acciones. No obstante, la cámara fue instalada por operarios municipales.

La AEPD también determina que el Ayuntamiento, en caso de no estar de acuerdo con la resolución, puede presentar recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, lo que a juicio del colectivo, resultaría “poco eficaz”.

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