El Ayuntamiento, respeta, pero rechaza el recurso a la Ordenanza Cívica de Palma

El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha recordado hoy que la cuantía de las sanciones previstas en la ordenanza cívica de Palma “son las más bajas” comparadas con las ordenanzas de todo el territorio nacional y que entre el 80% y el 90% del contenido del texto en vigor en nuestra ciudad es el mismo que el del modelo aprobado en 2009 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el consenso de todas las fuerzas políticas y bajo la presidencia de un alcalde socialista, siendo Aina Calvo alcaldesa de Palma y miembro del Comité Ejecutivo de la federación.

Por tanto, Gijón ha asegurado no comprender los motivos por los cuales la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha decidido presentar recurso ante el TSJB contra una ordenanza en la que Cort ha estado trabajando desde la pasada legislatura. “La federación está en su perfecto derecho de recurrir esta ordenanza porque no le gusta pero no podrá argumentar ni falta de diálogo, ni búsqueda de consenso, ni afán recaudatorio”, ha dicho Gijón.

El primer teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal ha recalcado que “he mantenido, personalmente, más de 60 reuniones para explicar esta ordenanza y varias de ellas han sido con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Las reuniones han tenido lugar antes y después del período de alegaciones, que, incluso, fue el doble de lo que establece la Ley”.

Gijón, que ha defendido la claridad de la ordenanza, ha mostrado su extrañeza por el recurso cuando “precisamente la Federación de Asociaciones de Vecinos, a través de sus diferentes servicios, nos reclama por problemas como el botellón, los excrementos de los perros o la circulación de bicicletas de las aceras, prácticas que son denunciables y sobre las cuales no cabe interpretación posible”.

Por último, Gijón ha querido destacar que “una ordenanza similar, con carácter más restrictivo y sanciones de cuantía más elevada, ha sido aprobaba en un ayuntamiento mallorquín no gobernado por el PP lo que demuestra que la de Palma no es una ordenanza política”.

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