El PP afirma que Son Espases tuvo un sobrecoste de 280 millones de euros “firmado” por Vicenç Thomàs

La portavoz en materia de Salud del Grupo Parlamentario Popular, María José Bauzá, ha animado hoy a la Fiscalía a seguir investigando el expediente de Son Espases, no sólo la adjudicación, sino también la modificación del contrato, que fue firmado en 2009 por el ex conseller de Salud, Vicenç Thomàs y que ha supuesto un sobrecoste de más de 280 millones de euros para las arcas públicas. Además, ha instado a la justicia a “llegar hasta las últimas consecuencias afecte a quien afecte”.

En este sentido, Bauzá ha dicho “respetar” las investigaciones que se están llevando a cabo, pero ha defendido que “por lo que nosotros conocemos del procedimiento administrativo, la adjudicación tiene los informes preceptivos”.

Además, “en el expediente consta un informe del Colegio de Ingenieros y otro del Colegio de Economistas en donde ambos coinciden en que las dos ofertas presentan características similares en cuanto a calidad”. Por ello, Bauzá ha recordado que “al final se acaba adjudicando a la oferta más barata”. Por otro lado, la portavoz ha recordado que existe un informe del Consell Consultiu posterior que “avala esa adjudicación”. Por todo, “y como desconocemos los motivos de esta investigación, esperaremos a los resultados de la misma”.

Sin embargo, a Bauzá le resultan “sorprendentes” las declaraciones del ex conseller Thomàs ya que, según palabras de la diputada popular, “si tenía dudas de la legalidad de esta adjudicación no entendemos que aceptase ampliar este contrato en más de 280 millones de euros”.

Al respecto, Bauzá le ha pedido que salga a dar las explicaciones oportunas porque “si él conocía esta supuesta irregularidad de la que habla, entonces es cómplice de la misma”. Además, la portavoz ha criticado que en su momento y en sede parlamentaria el socialista haya mentido cuando defendió que el sobrecoste ascendía a 60 millones cuando la cantidad final fue casi cinco veces superior”.

Finalmente, Bauzá ha denunciado que este modificado no estaba avalado por un informe del Consell Consultiu que era preceptivo, e incluso su interés general fue puesto en duda por la Sindicatura de Cuentas.

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