La Unión Federal de Policía denuncia que 2000 actas de aprehensión de drogas pueden caducar por falta de personal

La Unión Federal de Policia denuncia que más de 2000 actas de aprehensión de drogas pueden caducar por la falta de personal en el área de Sanidad y Farmacia de la Delgación del Gobierno en Baleares.

La UFP apunta que en una plantilla en la que a principios de año trabajan tres funcionarios para la recepción de actas de droga, actualmente y durante todo el periodo estival sólo cuenta con un funcionario, por lo cual resulta imposible dar trámite al volumen de actas recepcionadas actualmente, para lo cual el Jefe Regional de Operaciones de Baleares ha ordenado que funcionarios pertenecientes a la UDYCO (Unidad Drogas y crimen organizado) de Palma de Mallorca, dejen sus labores especializadas en la lucha contra el narco tráfico y el crimen organizado para ejercer labores meramente administrativas de recepción de las referidas actas, lo que ha supuesto prescindir del 30% de los Policías que componen el grupo de investigaciónde estupefacientes y de esta forma cubrir la falta de personal administrativo que sufre este área ante la dejadez de la Delegación del Gobierno.

Desde la Unión Federal de Policía se ha denunciado esta situación y se ha puesto el asunto en manos de su Gabinete Jurídico que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra el autor de esta orden, que según esta organización sindical es manifiestamente contraria al reglamento de la Policía y que interfiere directamente con las labores propias que deben de desarrollar los Policías según la legislación vigente.

El sindicato Policial culpa de esta falta de previsión y absoluta inoperancia a la Delegación del Gobierno de Baleares, “que sigue en su línea de no tramitar con eficacia las actas de droga intervenidas en la vía pública, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, volviendo a los tiempos en que el esfuerzo de los policías para eliminar la presencia de droga en la vía pública se va al traste, cayendo su labor en “saco roto”.

Esta situación, denuncian en su comunicado la UFP, genera malestar entre los agentes ya que les hace perder carácter de autoridad ante los consumidores de estas sustancias, manifestándoles los mismos que no llegan nunca a ser sancionados, dudando de la integridad de los policías en su actuación, insinuando los referidos consumidores propuestos para sanción que “los policías os quedáis con la droga porque a mí no me llegan las multas”.

Siendo la administración efectiva en la tramitación de otras sanciones como las de tráfico, desde UFP, “no entendemos la parsimonia en la tramitación de este tipo de actas sancionadoras, ya que según la ley 1/92 establece la imposición de una sanción económica que oscila desde los 300,52 hasta los 30.050.31 euros. Dinero que no se llega a cobrar en tiempos de crisis”.

El procedimiento para este tipo de casos es el siguiente; cuando un policía realiza una aprehensión de sustancia estupefaciente levanta un acta y propone para sanción. Desde la secretaría de la Jefatura se traslada el acta junto a la droga intervenida al área de Sanidad y Farmacia de Delegación de Gobierno de Baleares. Allí se procede al análisis y pesado de la sustancia en el laboratorio, para confirmar que se trata de una sustancia ilegal.
En caso positivo los cuerpos de seguridad envían una solicitud a Delegación del Gobierno para que se proceda a imponer una multa. Es en esta fase de recepción del Área de Sanidad donde se ralentiza el proceso, de tal manera que prescriben los plazos y el procedimiento de sanción es nulo de pleno derecho.

La Unión Federal de Policía concluye indicando que “estas 2000 actas lo son únicamente del Cuerpo Nacional de Policía, ignorando el volumen total de actas que están en esta situación puesto que la Guardia Civil y todas las Policías Locales de Baleares envían sus actas de aprehensión de droga a este organismo”.

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