221 docentes se querellan contra el diputado del PP, Antoni Camps

Después de que el pasado viernes 5 de septiembre, más de setenta profesores de Menorca se personaran en los Juzgados para sumarse a la querella contra el diputado del PP Antoni Camps por injurias y calumnias, durante toda esta semana no han parado de producirse nuevas adhesiones, tanto en Menorca como Mallorca e Ibiza, hasta llegar a un total de 221 nuevos
denunciantes.

Los docentes han reaccionado así al auto de la Audiencia Provincial del 15 de julio, en el cual se admite parcialmente a trámite la querella iniciada por un grupo de profesores del IES Joan Ramis y Ramis de Maó, pero se deja claro que al tratarse de unos presuntos delitos de carácter subjetivo, los querellantes «actúan a título personal y manifiestan que son profesores de secundaria ofendidos, víctimas y perjudicados por los delitos denunciados».
En el momento de iniciarse la querella, fue firmada por dos profesores del IES Joan Ramis, mientras que los otros treinta y siete profesores de este centro que apoyaban se limitaron a firmar un documento que se adjuntó a la querella. La Audiencia considera que estos dos profesores únicamente se representan a sí mismos, y que «manifiestan que son profesores de educación secundaria ofendidos, víctimas y perjudicados por los delitos denunciados».
Es por eso que un total de 221 docentes de Baleares han decidido sumarse voluntariamente como querellantes al proceso iniciado. Los profesores impulsores de la denuncia agradecen a todos estos compañeros y compañeras su gesto, y les anima a seguir con atención el desarrollo del proceso, que justo se encuentra en las diligencias previas.
En este sentido, a pesar de que no querer hacer ningún pronóstico sobre cuál será el final de este proceso, los docentes manifiestan su satisfacción por el hecho que el auto de la Audiencia Provincial del 15 de julio ya reconoce que las opiniones derramadas por el diputado Antoni Camps en la carta que motivó la denuncia, «pueden resultar ofensivas por una parte de la sociedad que de manera legítima ejerce su derecho a la huelga», y que «no hay duda que su contenido y discurso manifiesta una ideología extremista que puede conducir quién las recibe al enojo y el desprecio». La Audiencia observa que las opiniones del diputado, por el hecho de dirigirse a la opinión pública a través de medios de comunicación importantes que multiplican sus efectos, contienen una serie de expresiones que pueden ser recibidas por los profesionales de la educación como un ataque. «Para los miembros de la comunidad educativa en huelga», señala el auto, «el ejercicio de la docencia constituye su profesión, y el desarrollo de esta es el medio más importante por el cual una persona trasciende a la sociedad y se realiza como ser útil para los otros. Además, constituye el único medio de vida de una gran parte de los afectados». Estas manifestaciones, concluye el auto, «pueden ser constitutivas de un
delito de injurias en la medida que lesionan la dignidad de los querellantes y menoscaban su fama, atacando su buen hacer profesional de forma immotivada y gratuita».

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