El Govern certifica la muerte del TIL

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha “dejado sin efectos” la Resolución, dictada el pasado mes de julio, que establecía que los centros educativos que no hubieran aprobado el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) deberían aplicarlos durante el curso 2014-2015.

Así lo destaca una Resolución del director general de Educación, Personal Docente, Universidades e Investigación, Miquel Deyá, que se publica este jueves en el Boletín Oficial de la comunidad (BOIB).

El texto de la Resolución apunta que “se deja sin efectos la Resolución de la directora general de Ordenación, Innovación y Formación Profesional de 28 de julio de 2014 por la cual se establecen las medidas que tienen que aplicar los centros docentes públicos de las Illes Balears que no disponen de un proyecto de tratamiento integrado de lenguas aprobado”.

En concreto, la Resolución publicada este jueves apunta que la decisión de dejar sin efectos la anterior se toma porque “en algunos aspectos, el contenido de la Resolución de 28 de julio tiene carácter normativo y es más propio de un reglamento”.

Por este motivo, según indica el texto, “no se ha seguido el procedimiento adecuado para su aprobación y se estima procedente dejar esta Resolución sin efecto”.

STEI

El STEI hizo un recurso de alzada día 1 de agosto contra esta resolución, que la Conselleria ahora deroga, porque el TSJIB ha admitido a trámite la demanda del sindicato, que reclamaba la suspensión de esta resolución y la Consejería estaba enterada. La Consejería reacciona así ante los indicios de una nueva victoria judicial del STEI contra el TIL y su desarrollo.

Por lo tanto, afirma el sindicato, hoy el TIL está más muerto que nunca, y los centros disponen de más seguridad jurídica, para modificar los PTILs aprobados o impuestos por la Conselleria.

Ante esta situación, el STEI pide la dimisión de la directora general de Ordenación, Innovación y Formación Profesional, que ha quedado claramente desautorizada por Educación.

El sindicato reitera los claustros y equipos directivos que tienen más fuerza que nunca para modificar los proyectos lingüísticos de acuerdo con el Decreto de Mínimos.

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