Castro da diez días para que se concreten quiénes deberán sentarse en el banquillo de los acusados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dado, mediante una providencia dictada este lunes, un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso Nóos para que presenten su escrito de calificación provisional, en el que determinarán definitivamente quiénes de los veinte imputados de la causa deberán sentarse en el banquillo de los acusados – entre quienes se encuentra Cristina de Borbón – y qué penas solicitan para ellos.

Además del Ministerio Público, también son acusaciones en la causa la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, Manos Limpias, PP balear, la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia. En sus escritos, las acusaciones podrán pedir la apertura de juicio oral -que Castro deberá acordar en próximas semanas mediante un auto que ya no será recurrible-, la práctica de diligencias complementarias o el archivo de las investigaciones.

En el caso de la Infanta, tanto Castro como la Audiencia Provincial de Baleares, que el pasado viernes confirmó la imputación de la Duquesa de Palma por dos delitos fiscales, la consideran cooperadora necesaria de ambos ilícitos supuestamente cometidos por Urdangarin, quien habría utilizado su sociedad Aizoon como “pantalla” para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.

Se trata de una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido el autor de los hechos. De hecho, el Código Penal, en su artículo 28, considera autor del hecho criminal no sólo a quienes cometen el delito por sí solos, sino también a quienes cooperan en su ejecución mediante una actuación sin la cual no habría sido cometido.

Al margen de la pena de prisión que se le podría solicitar, la Fiscalía Anticorrupción reclamará a la Duquesa una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su esposo, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de Aizoon, que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

El fiscal Pedro Horrach prevé incluir el nombre de la Infanta junto al de otros diez responsables civiles. El fiscal, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, considera que sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.

LA APLICACIÓN O NO DE LA DOCTRINA BOTÍN, EN MANOS DE CASTRO

En cualquier caso, será Castro quien tendrá en sus manos, una vez presentados los escritos de acusación, la decisión de enviar o no a juicio a la Infanta. Para ello, tendrá que resolver si aplica o no la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido.

Hasta el momento, ni Ministerio Público ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI. De este modo, será en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos donde el magistrado resuelva enviar a la Duquesa de Palma al banquillo de los acusados por dos presuntos delitos fiscales o, por el contrario, archivar definitivamente su encausamiento.

PETICIÓN DE MÁS DE VEINTE AÑOS DE CÁRCEL PARA URDANGARIN

Por su parte, Urdangarin podrá enfrentarse a una petición de más de 20 años de cárcel, después de que la Audiencia haya elevado a diez los delitos por los que el Duque tendrá que sentarse en el banquillo. Además de los de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y dos fiscales que ya pesaban sobre él, el tribunal le atribuye uno de blanqueo de capitales.

El resto de imputados sobre los que tienen que pronunciarse las acusaciones son el exsocio de Urdangarin, Diego Torres -encausado por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad, blanqueo y un delito fiscal-, su mujer, Ana María Tejeiro, y los hermanos de ésta, Marco Antonio y Miguel Tejeiro.

IMPUTADOS DE BALEARES, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID

A nivel balear, se encuentran el expresidente del Govern Jaume Matas -prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias-, el exdirector general de Deportes José Luis ‘Pepote’ Ballester, el exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet.

En cuanto a los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, se encuentran el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exsecretario de Turismo Luis Lobón, los exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado.

En Madrid, continúa encausados la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen -prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias-, así como el exdirector financiero de Madrid 16 Gerardo Corral y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa. También está imputado el supuesto creador de una estructura para poder desviar fondos al extranjero, Salvador Trinxet.

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