Trabajadores del Mar i Pins exigen más de 250.000 euros de indemnización al “mafioso” Romanov

Los 13 trabajadores del HOTEL MAR I PINS se han personado en el caso ROMANOV para exigir el pago de sus indemnizaciones por cierre de la actividad, más cuando desde el SOIB, al no tener la cotización suficiente, se les ha denegado el subsidio de desempleo.

Los trabajadores, a través del abogado de Pablo Alonso de Caso se han personado como perjudicados en las diligencias aperturadas en el Juzgado de Instrucción número 12 y interpuesto demandas de despido y reconocimiento de derecho. La administradora judicial nombrada por la Seguridad Social ha reconocido los hechos y derechos contenidos en las demandas.

demanda romanov

Romanov y sus cómplices fueron detenidos en diciembre de 2013 como presuntos responsables del blanqueo de capitales procedente de las actividades ilícitas que llevaba a cabo en la isla la organización criminal. Esta operación, que fue coordinada por Europol, se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.

La investigación se inició hace más de 20 meses, cuando la Guardia Civil detectó los vínculos criminales del principal sospechoso de la trama, Alexander Romanov, que estaba haciendo fuertes inversiones de dinero en Mallorca, entre ellas en el ‘Hotel Mar i Pins’, quien cuenta con antecedentes en Rusia por delitos económicos.

Las pesquisas realizadas llevaron a los agentes a determinar que la organización criminal ‘Taganskaya’ estaba utilizando España para blanquear fondos económicos procedentes de su actividad criminal en Rusia. Romanov es una “pieza clave en este esquema” y ha sido “auxiliado” por distintos colaboradores, testaferros, asesores jurídicos y fiscales, indicó el Instituto Armado.

Además de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda pública y falsedad documental, la Guardia Civil investigaba otros indicios que apuntan a la comisión de otros delitos por parte de los detenidos, como el de contra el derecho de los trabajadores, revelación de secretos, coacciones y tráfico de influencias.

La operación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma y por la Fiscalía Anticorrupción. Se llevó a cabo por agentes de los Servicios Centrales de Información de la Guardia Civil, quienes contaron con la colaboración y apoyo de funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y de distintos servicios policiales extranjeros.

COMPARTIR

Deja un comentario / Mallorca Confidencial no se hace responsable de los comentarios vertidos en su web.