El Parlament pide al Ajuntament de Palma que investigue “el descontrol en las cuentas públicas del Pacte”

El Parlament, a través de una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular, ha aprobado pedir hoy al Ayuntamiento de Palma que basándose en el informe 97/2014, de la Cuenta General del Ayuntamiento de Palma de Mallorca correspondiente al ejercicio 2009, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de Baleares y en defensa del interés general de la ciudadanía, lleve a cabo todas las actuaciones y acciones necesarias para aclarar las posibles responsabilidades que se puedan derivar de las excepciones del cumplimiento de la legalidad recogidas en dicho informe, así como otros que se puedan detectar en el mismo ejercicio económico. Además, ha solicitado a la Sindicatura que se fiscalicen las cuentas generales de los años 2010 y 2011 del Ayuntamiento de Palma, así como los contratos y subvenciones que estos contienen. La propuesta se ha aprobado sólo con los votos del PP, mientras que Més y PSIB han votado en contra.

Durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, el diputado popular Carlos Veramendi ha lamentado que la Sindicatura haya constatado “lo que los regidores del PP en la oposición en Cort denunciamos públicamente durante toda la legislatura pasada, el descontrol en las cuentas públicas por parte del gobierno municipal del Pacte”. Al respecto, ha apuntado que el informe revela “toda clase de irregularidades en contratos, subvenciones, un incumplimiento generalizado de la ley de contratos del sector público, fraccionamientos generalizados de contratos, no ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos y el incumplimiento del objetivo de estabilidad”. Según ha detallado, las irregularidades detectadas “afectan a casi todas las áreas y empresas municipales gestionadas por los diferentes partidos que formaban su pacto de gobierno”. Además, la propia Sindicatura “lamenta no haber tenido acceso a todos los registros contables, contratos, convenios y expedientes de contratación que se debían facilitar en aquel momento”.

Según el diputado popular, este informe “pone en evidencia la alegría en el manejo de los fondos públicos y el desmadre en su gestión, dejando al Ayuntamiento en una situación crítica al no haber parado la maquinaria de gasto que ellos mismos pusieron en marcha”. En 2009, “en plena crisis económica”, agotaron el límite de endeudamiento establecido, incumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado por el propio Ayuntamiento, incrementaron los gastos un 8,9% respecto al año anterior, y al cierre de ese año, el total de acreedores pendientes de pago era superior en un 32,2% al del año anterior, los gastos en personal de confianza se habían incrementado un 10% respecto al 2008, que ya habían tenido un incremento del 26,8% en comparación con 2007.

Por otro lado, y pese a que la Sindicatura les había recomendado “reducir la estructura y composición del sector público municipal y velar por su adaptación a la satisfacción de las necesidades públicas, bajo los principios de eficacia y eficiencia” los gastos de personal de las entidades dependientes del Ayuntamiento se incrementaron en 17 millones de euros en comparación a 2008.

Subvenciones

Respecto al incumplimiento de la legalidad en materia de subvenciones, Veramendi ha hecho hincapié en las “notables y graves irregularidades”. Así, ha explicado que, según el escrito, “hubo una ligereza y falta de control en la tramitación de subvenciones, con un descontrol en su concesión y el pago, incluso alguno antes de justificar el gasto”. Como ejemplo de esto, el diputado ha citado una subvención para un proyecto de cooperación, departamento dirigido por el Bloc, donde se indica que “el beneficiario hizo la solicitud de la ayuda cuatro meses antes de que se publicara la convocatoria”. Así mismo, “la documentación presentada no se ajustaba a los requisitos exigidos, se otorgó sin realizar ninguna puntuación y no constan ni el resto de solicitudes ni una subvención no aceptada por los técnicos”.

Contratación

En lo que a la contratación se refiere, “las actuaciones son igual o más preocupantes” ya que en dos de las tres sociedades analizadas “no existen unas instrucciones internas de contratación”. Además, en ninguno de los 54 expedientes fiscalizados “consta la actuación inicial que motive la necesidad de ese contrato, su idoneidad, su contenido, ni la justificación de la elección de los criterios de adjudicación”. Como muestra, Veramendi ha expuesto el caso de la EMT, gestionada por los socialistas, donde hay un expediente tramitado como negociado sin publicidad en que el precio de la oferta presentada que resultó adjudicatario no coincide con la valoración del informe técnico de adjudicación, sin justificarse la diferencia, advirtiendo los síndicos que con el precio ofertado por el licitador “no habría resultado adjudicatario”.

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