jueves. 28.03.2024

El pasado 28 de octubre tuvo entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) el documento de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar titulado “Informe al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM·1 y AM·2 en el golfo de Valencia (20120322MIN)”, para su incorporación en el expediente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de este proyecto, promovido por la petrolera Cairn Energy, a través de su filial española Capricorn Spain Limited, en un área de gran valor ecológico localizada frente a las costas de Ibiza y Formentera y de la Comunidad de Valencia.

Este informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) del MAGRAMA fue solicitado el 27 de diciembre de 2013 por el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a través del cual se ha centralizado todo el proceso de información pública del estudio de impacto ambiental del mencionado proyecto de Cairn Energy.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (DGCEAMN) es el departamento del MAGRAMA encargado de elaborar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del citado proyecto de prospecciones sísmicas. El plazo para la elaboración de la DIA vence oficialmente el próximo 10 de diciembre. El citado informe de la DGSCM ha sido enviado a la compañía petrolera para que emita sus consideraciones al respecto, lo que podría implicar (en virtud de la mayor o menor tardanza de ésta en emitir su respuesta) un cierto retraso en la terminación de la DIA, según ha podido conocer la Alianza Mar Blava.

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar hace en su informe una detallada relación de las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en la zona que se vería afectada, todas ellas estrictamente protegidas, y concluye, tras haber analizado el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que: “La motivación de este informe negativo está basada (…) en los valores naturales de la zona y en la presencia de espacios y especies protegidos. Por este motivo la alternativa deseable desde el punto de vista de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es la alternativa de no realización de la actividad de prospección sísmica en áreas de presencia de cetáceos sensibles y especies protegidas”.

Así mismo, afirma: “Teniendo en cuenta el informe de esta unidad emitido el 20 de marzo de 2013, la enorme superficie en la que se pretende realizar los trabajos sísmicos, y el amplio periodo temporal, se considera que la potencial afección negativa sobre la fauna marina presente en el área de actuación, es de una magnitud suficiente como para desaconsejar que se desarrolle el proyecto”.

La DGSCM efectúa una larga serie de comentarios y observaciones al estudio de impacto ambiental (EIA) de proyecto, entre los que destacan:

1) Sobre la alternativa cero, que es obligatoria que se analice rigurosamente en los EIA:

“En ningún caso se analiza la alternativa cero desde una perspectiva ambiental, es decir, los beneficios que reportará al medio marino el no llevar a cabo más campañas de adquisición de datos en la zona en comparación con las alternativas tecnológicas, de extensión en el tiempo y de localización que se analizan en el EIA. Por lo que la justificación planteada para descartar la alternativa cero no se ajusta a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos”.

“Se recuerda de nuevo que la campaña de adquisición sísmica se lleva a cabo dentro de la zona propuesta como ZEPIM ‘Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo’, por lo que se debe considerar la alternativa ‘cero’ o de no actuación, ya que se trata de un corredor único de alta importancia para mamíferos y tortugas marinos (todos ellos protegidos por la legislación europea, nacional o autonómica y por diferentes convenios y acuerdos internacionales ratificados por España)”.

2) Sobre la presencia de especies de cetáceos:

La DGCSM hace especial hincapié en la presencia permanente de cetáceos en la zona donde se pretende realizar el proyecto. Las especies presentes en la zona son delfín mular, rorcual común, delfín listado, delfín común, calderón gris, calderón común, cachalote y zifio de Cuvier. Como destaca la DGSCM: “En las observaciones no se apreció estacionalidad para delfín mular ni delfín listado, si no que su presencia fue permanente”.

Hay que recordar, en concreto sobre el zifio de Cuvier, especie en peligro, que este cetáceo es extremadamente sensible a los efectos de la contaminación acústica producida por las prospecciones petrolíferas. De hecho, el zifio de Cuvier ha sido recientemente incluida en el Anexo de especies con el máximo grado de protección por acuerdo del Convenio de Bonn sobre Conservación de Especies Migratorias (PNUMA/CMS), del que España es miembro de pleno derecho.

Por ello la DGSCM afirma: “Teniendo en cuenta estos datos se puede concluir que existe una presencia permanente de ciertas especies de cetáceos en el golfo de Valencia entre las que destaca el delfín listado y el delfín mular. Por lo que independientemente de la época del año en la que se plateen realizar la campaña sísmica, estas especies siempre recibirán un impacto difícil de minimizar”.

3) Sobre la presencia de especies de tortugas marinas:

Los datos científicos concluyen que no existe estacionalidad en la presencia en la zona de la tortuga boba y que ésta está presente durante todo el año. Por ello, la DGSCM mantiene que: “Por lo tanto, al igual que en caso de ciertas especies de cetáceos, independientemente de la época del año en la que se plateen realizar la campaña sísmica, la tortuga boba siempre se verá afectada por la actividad sísmica dado su carácter residencial en la zona”.

4) Sobre la legislación vigente de protección de espacios y especies:

La DGSCM dice: “Se recuerda que todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en el ámbito geográfico del proyecto están protegidas por diferentes convenios y acuerdos internacionales y normativa comunitaria, nacional y autonómica”.

En efecto, la DGSCM relaciona todos los tratados internacionales (Convenio de Berna; Convenio de Bonn; Acuerdo ACCOBAMS; Acuerdo ACAP; Convenio de Barcelona), Directivas de la Unión Europea (Directiva Aves; Directiva Hábitats, cuyo Anexo IV sobre Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta incluye a todo el Orden Cetácea y a las especies de tortugas marinas) y normativa estatal (como el Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, dictado en desarrollo de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el cual otorga un régimen de protección a todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas mencionadas en este informe), que están en vigor y obligan a España a proteger y evitar amenazas a estas especies en riesgo.

Este Real Decreto 139/2011 presta especial atención a aquellas catalogadas como "en peligro de extinción" (pardela balear) y "vulnerables" (calderón común del Mediterráneo, delfín mular, cachalote, rorcual común, tortuga boba, paíño europeo y gaviota de Audouin), para las que la legislación obliga a adoptar medidas para reducir o frenar sus principales amenazas y mejorar su estado de conservación.

Por último, la DGSCM establece que: “Se considera que este proyecto no es compatible con los objetivos establecidos en la legislación de protección de la biodiversidad ni los objetivos de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino y de las estrategias marinas”.

“Tras observar la contundencia argumental del informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar estamos plenamente convencidos de que la Declaración de Impacto Ambiental sólo puede ser negativa”, ha manifestado Carlos Bravo, coordinador del Secretariado Técnico de la Alianza Mar Blava.

“Nos satisface comprobar que las alegaciones de la Alianza Mar Blava y de las entidades que forman parte de ella, así como las efectuadas por los más de 128.000 ciudadanos que registraron las suyas a título particular, estuvieron plenamente acertadas. Este informe de la DGSCM lo confirma plenamente”, añadió Bravo.

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