El decano de los jueces de Palma afirma que la falta de medios impide que afloren más casos de corrupción

El decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha criticado la falta de “voluntad política” de que los jueces cuenten con más medios, “ni siquiera” contra la corrupción, lo que impide que afloren otros casos que en la actualidad “se encuentran en la zona” oscura y no han podido salir a la luz debido a esta ausencia de recursos.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido para exponer y valorar las conclusiones alcanzadas este miércoles en las XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, Martínez Espinosa ha lamentado que hasta el momento “no ha habido voluntad política” de procurar estos medios, lo que ayudaría “sustancialmente” a que pudiera ser investigado un mayor número de causas que afectan a la corrupción política.

“El tiempo dirá si se producen más medidas y una mayor dotación presupuestaria porque, por parte de los jueces, la disposición de trabajar está”, ha aseverado el decano de los jueces, quien, al ser preguntado por la cantidad de casos que habría en la “zona oscura” a la que ha hecho referencia, se ha limitado a señalar que “no digo que lo que ahora se conoce sea la punta del iceberg, pero hay casos que no conocemos”.

Del mismo modo, Espinosa ha hecho hincapié en la necesidad de agravar las penas que llevan aparejadas los delitos de corrupción, como los de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, así como “limitar” la figura del jurado popular en el enjuiciamiento de estas infracciones, puesto que se trata de “delitos de especial complejidad que hace que acudir a esta vía no sea lo más adecuado”.

Además, entre otras medidas, los jueces decanos, tal y como ha recordado Martínez Espinosa, piden ampliar el plazo de prescripción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos, y reducir la cuota defraudada en delitos contra la Hacienda Pública.

Defienden asimismo agravar penas por omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos, introducir una modalidad de delito de obstrucción a la justicia por no remitir al juez la documentación requerida o enviarla incompleta, agravar la desobediencia a la autoridad judicial cometido por funcionario, limitar o prohibir suspender o sustituir penas por corrupción y despenalizar faltas.

En sus ’58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción’, también incluyen aumentar la ratio actual de 11 jueces por cada 100.000 habitantes hasta la media europea de 21, destinar a justicia “al menos el 3 por ciento” de los Presupuestos Generales del Estado, autonomía presupuestaria o un porcentaje “mínimo y garantizado” para justicia, ordenar el reparto de competencias, modernizar y compatibilizar sistemas informáticos autonómicos y con Fiscalía, y flexibilizar la organización judicial.

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