El CGPJ critica la desprotección de las víctimas de violencia de género que habían denunciado

Catorce de las 15 asesinadas en 2014 que habían denunciado a su agresor por violencia machista tenían una valoración policial de riesgo “no apreciado” o “bajo”, según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, cuyas conclusiones adelantó AmecoPress el pasado jueves.

El Informe sobre fallecimientos por violencia de género con procedimientos judiciales previos en 2014, está fechado el 1 de diciembre, por lo que no incluye los últimos asesinatos y excluye también el de la mujer de Madrid que, junto a su hija, murió a manos de su novio y cuyos cadáveres aparecieron en noviembre por estar bajo secreto de sumario.

La mayoría de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas – 47 en total, más ocho casos en investigación- no denunció. Pero 15 sí y las mataron. Pidieron ayuda y seguramente esperaron protección, pero no la recibieron adecuadamente.

Así lo pone de manifiesto el análisis del Observatorio al asegurar que el informe que emitió la Policía sobre la mayoría de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia de género que habían presentado denuncia previa por malos tratos decía que no estaban en una situación de riesgo o que la peligrosidad era media o baja. “Lo que hace preciso una revisión de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (VIOGEN)”, explica el informe.

Por eso, la institución propone que incluso cuando el diagnóstico sea de riesgo bajo o no apreciado, “se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctimas, y que en estos casos se adopten medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante independientemente de si existe o no medida judicial de protección”.

En ninguno de los ocho casos en los que se dictaron medidas de protección se acordó la imposición de la pulsera electrónica, con la que no se ha producido ningún asesinato. “El Observatorio incentivará la formación de los jueces y magistrados en esta materia, dado que no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor llevara la pulsera electrónica”, señala la síntesis del informe.

Falta de coordinación y lentitud

El texto deja en evidencia situaciones indignantes. Por ejemplo, en uno de los casos analizados, el juicio rápido tardó ocho meses en fijarse y “llegó tarde”: un día antes de celebrarse, él la mató. En otro, el parte de lesiones extendido por un centro de salud al que acudió la mujer diez días antes de su muerte llegó por correo ordinario al Juzgado 24 horas después del crimen.

En fin, que sin duda hay muchísimos aspectos que revisar. Es cierto que tampoco debemos transmitir la sensación de que la denuncia no sirve para nada, porque eso no es cierto. Pero antes de descargar la salida en las mujeres, exigiendo que denuncien o que tengan la fortaleza para enfrentarse al agresor en los juicios, avancemos en coordinación, agilidad, formación y recursos. @Amecopress. Copyright 2007

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