La Fiscalía no muestra sorpresa por la decisión de Castro sobre el recurso de la infanta

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha señalado, a su salida de los Juzgados de Vía Alemania de Palma, que no le “sorprende” la decisión del juez José Castro de inadmitir el recurso que la Infanta Cristina interpuso contra su enjuiciamiento. No obstante, ha precisado que aún no ha leído con detenimiento el auto dictado este viernes por el magistrado, por lo que ha eludido profundizar sobre su contenido.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios que se encontraban congregados en las dependencias judiciales después de que Castro dictase la resolución, en la que efectúa duras consideraciones sobre uno de los abogados de la Duquesa de Palma, Miquel Roca, e insiste en la legitimación del sindicato Manos Limpias para, con su única acusación, llevar a juicio a la Infanta.

Horrach, quien por el contrario no recurrió el auto con el que Castro abrió juicio contra la hermana menor del Rey, sostiene que en el caso de la Duquesa es de aplicación la doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa la acusación popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía ni el perjudicado de los hechos -la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria-.

El fiscal se ampara así en el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo piden Fiscalía y acusación particular. De hecho, en un escrito que el pasado mes presentó ante el juez, Horrach se amparaba para reforzar sys argumentos en “elementales razones de justicia e igualdad” con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, sí se les ha impedido ir a juicio.

Durante la instrucción de la causa, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI. “Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe delito imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado”, aseveraba Horrach.

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