El alcalde de Lloseta reconoce que “a veces hay que tomar decisiones no ajustadas a la Ley”

El alcalde de Lloseta, Bernat Coll, quien desde este martes está siendo juzgado junto a otros tres miembros del Ayuntamiento por cinco delitos de prevaricación a raíz de la concesión presuntamente irregular de distintas licencias, ha manifestado que “a veces hay que tomar decisiones no ajustadas a la Ley” puesto que, en relación a una de las adjudicaciones, “entendí que era más favorable la construcción de un centro de día que no un informe en contra”.

Así lo ha puesto de manifiesto durante el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 6 de Palma, a preguntas de la Fiscalía, que solicita una pena de siete años de inhabilitación por cada uno de los delitos que imputa tanto a Coll como a Pere Joan Martorell -exdirector general de Cultura del Govern durante el último Govern del Pacte-, Juan Coll y María Alemany, quienes eran regidores en el Consistorio en los años en que sucedieron los hechos -entre 2004 y 2008-.

Tanto el primer edil como los exconcejales han reconocido que sabían de la existencia de los informes desfavorables a las licencias que han sido objeto de investigación en esta causa, si bien han apuntado que dieron el visto bueno a los distintos proyectos puesto que suponían “un bien” para el municipio y en la confianza de que las posibles irregularidades serían subsanadas más adelante. “Pensaba que no podía pasar nada aunque hubiese un informe desfavorable”, ha llegado a manifestar Alemany.

Ante las alegaciones por los acusados, la magistrada Margarita Beltrán se ha visto obligada a intervenir en un momento del juicio, coincidiendo con la intervención de Martorell: “¿Con todo este guirigai, de qué se enteraban ustedes? Me dicen que la política local funciona así, que es más cercana. Que las deficiencias ya se solventarán en el futuro. Estoy horrorizada y es un espectro alucinante que jamás se tomasen la molestia de preguntar al secretario”.

Inquirido sobre la licencia relativa a la cesión, sin previa licitación pública, a la mercantil Fona Artists de la gestión y producción musical del teatro municipal, el alcalde ha defendido que no fueron invitadas otras empresas para que pudieran participar en este expediente al entender que proceder de este modo “es una farsa”.

“LAS NORMAS DEBERÍAN MODIFICARSE PORQUE ESTÁN MAL HECHAS”

“Si había una empresa que podía realizar el trabajo, ¿por qué hay que invitar a otras dos?”, ha espetado el acusado, justificando, tajante, que “estas normas deberían modificarse porque están mal hechas”. Unas afirmaciones que han llevado a la fiscal y al abogado de la acusación popular, ejercida por el PP, a preguntarle si se considera sometido a la Ley, a lo que el inculpado ha respondido que sí, pero que lo estipulado por la normativa de contratación pública “no creo que sea lo mejor para los ciudadanos de este país”.

“Fui transparente y está documentado”, ha subrayado Coll respecto a la contratación de Fona Artists, que fue aprobada en Junta de Gobierno el 29 de octubre de 2004, pese a contar con el informe desfavorable del secretario municipal y que, con un desembolso de 60.000 euros anuales, contemplaba la realización de 20 representaciones y el pago por parte del Consistorio de las cuotas del préstamo que la entidad debía contratar para llevar a cabo las mejoras necesarias en el recinto teatral. El importe sufragado ascendió a un total de 420.999 euros públicos.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con la empresa, el acusado ha recordado que uno de los socios fue a verle para comentarle que “ellos serían capaces de llevar a cabo la programación”, centrada principalmente en música alternativa. “Lo comenté con otras empresas de mallorca, pero a nadie le interesó y por eso no hice concurso. Sé que me equivoqué pero el proyecto era muy importante para nosotros y para toda Mallorca”.

En cuanto a otra de las autorizaciones otorgadas por el Ayuntamiento con el visto bueno de los acusados, relativa a la venta de dos solares municipales a Construcciones Comas, a cambio de la realización por ésta de un centro de día con dos plantas y un tanatorio municipal, Coll ha recordado que sabía que había un informe desfavorable pero que consideró mejor la construcción del centro. “A veces hay que tomar decisiones no ajustadas a la Ley y entendí que era más importante el proyecto”, ha insistido.

EL PTM, “EL ABSURDO MÁS GRANDE CONOCIDO EN POLÍTICA”

También se ha pronunciado en estos términos en relación a la concesión de sendas licencias para la construcción de distintas viviendas, garajes y piscinas a la empresa Lloseta Inversiones S.XXI, que también contaba con un informe en contra dado que no cumplían la normativa urbanística por las dimensiones de las fachadas. Para ello, el proyecto debía adaptarse al Plan Territorial de Mallorca (PTM), que Coll ha considerado “el absurdo más grande conocido en política”.

“Nos han dejado a todos con el culo al aire con esta normativa”, ha recalcado respecto a las limitaciones establecidas por el PTM. “No éramos capaces de adaptarnos al Plan Territorial y a día de hoy no han sido subsanadas las deficiencias porque es imposible adaptarse”, ha incidido Coll, quien ha negado, no obstante, haber cometido delito alguno.

Por su parte, otro de los acusados, Pere Joan Martorell, ha señalado respecto a la contratación de Fona Artists que no se realizó licitación pública puesto que ya antes habían llamado a posibles interesados y también recibían llamadas con las que descartar o no futuros proveedores. Es más, ha recalcado que las Juntas de Gobierno en las que se aprobaban estas cuestiones eran “informales y caóticas: atendíamos al público que venía”.

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