Villar Mir acusa: “En el proceso de adjudicación de Son Espases hubo graves irregularidades”

El empresario Juan Miguel Villar Mir ha negado este martes que haya realizado donaciones a partidos políticos, si bien ha admitido que sí las ha hecho a fundaciones vinculadas a éstos como la Fundación FAES o Mujeres por África, ligada al PSOE, ha explicado.

De esta manera se ha pronunciado durante la comisión de investigación sobre Son Espases que se celebra en el Parlament, negando así las declaraciones “absolutamente falsas” del extesorero del PP, Luis Bárcenas y donde también ha asegurado que no dispone “ni un céntimo” en paraísos fiscales.

El empresario ha subrayado que “jamás” ha realizado “ninguna gestión” ni dado “ayudas” a ningún partido político “pensando en las adjudicaciones”. “No lo hemos hecho nunca, ni lo haremos jamás”, ha declarado.

No obstante, ha admitido ser amigo del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, con quien inició su amistad a inicios de la Transición cuando éste era presidente de la Comisión de Presupuestos y Villar Mir, ministro de Hacienda “en el primer Gobierno de la monarquía”. Ambos, ha añadido, eran “amigos íntimos de Manuel Fraga”.

“LOS PAPELES DE BÁRCENAS SON ABSOLUTAMENTE FALSOS”

Por todo ello, ha indicado que sabe que los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’ “no son reales porque lo que dice es absolutamente falso y parece que las conclusiones de la Fiscalía” van en el mismo sentido. “Se habrá confundido con el donativo a FAES, que estoy orgulloso de hacerlo, lo mismo que a fundaciones del PSOE. Al partido jamás, ni lo haré nunca”. Según ha detallado, a FAES, igual que a otras fundaciones, realizan aportaciones anualmente.

Villar Mir, quien ha iniciado su comparecencia asegurando que en el proceso de adjudicación del hospital “hubo graves irregularidades” y que la empresa que preside, OHL, “fue la perjudicada”, ha detallado que Global PM emitió un informe sobre las empresas que se presentaron al concurso que indicaba que la suya era “la mejor valorada”.

Según ha dicho, este informe fue validado por los servicios del IbSalut, si bien se produjo “la sorpresa” cuando la mesa de contratación “debió recibir instrucciones para suspender esa adjudicación” a OHL y, “a raíz de este momento se decidió pedir un informe al Consejo Consultivo” de Baleares, que estudió el informe de Global PM y “también lo validó y al dirigirse a la mesa de contratación dijo que el informe estaba bien”.

“Ahí viene la gravísima irregularidad administrativa, de que no la mesa de contratación, sino el Ibsalut decide pedir y pide informe a dos colegios profesionales de Baleares, el de caminos y el de economistas”. Esto, ha dicho Villar Mir, “es la clave del proceso” porque, según la Ley de contratos de las administraciones públicas, únicamente la mesa de contratación puede pedir, antes de formular propuestas, los informes que considere precisos.

“IBSALUT, CONSELLERA Y COLEGIOS PROFESIONALES ERAN INCOMPETENTES”

“El IbSalut y la consellera responsable eran administrativamente incompetentes, no tenían competencias, para pedir los dos informes que pidieron a colegios profesionales”, ha subrayado el empresario, que también ha explicado que estos colegios “no tenían la experiencia que exige la ley” que recoge que los tres años anteriores al encargo deben haber hecho algún informe del mismo tipo.

Además, ha añadido estos colegios era “doblemente incompetentes” porque la ley balear “les prohíbe” emitir estos informes ya que deben referirse a los fines de los propios colegios. Asimismo, ha indicado que fueron adjudicaciones por contratación directa “y la ley no permite contrataciones directas por encima de un limite de 30.050 euros y el Colegio de Caminos ha reconocido una contratación de 42.000 euros” al subcontratar la elaboración del informe.

Fue, ha señalado, “especialmente grave” que el Colegio de Caminos cambiase también el baremo de valoración de las ofertas. “En la historia de los colegios profesionales no hay un solo precedente de que haya pedido opinión la administración pública para hacer una adjudicación. Es un caso único en la historia que la administración se haya dirigido a un colegio de profesionales”, ha reiterado antes de apuntar que, por ello, la empresa interpuso un contencioso-administrativo.

Preguntado por que la exconsellera de Salud, Aina Castillo, dijese a la Fiscalía que recibió instrucciones del expresidente del Govern, Jaume Matas, para beneficiar a su empresa, Villar Mir ha contestado que “esa afirmación es verdaderamente incierta porque eso que he leído en los medios de comunicación que dijo Castillo” donde “se habla de un sobre que nadie ha visto ni conoce, no tiene comprobación de nadie”.

RELACIÓN “DE DISCREPANCIA” CON MATAS

“Lo que sí es cierto es que Castillo paralizó la adjudicación a OHL paralizando la actuación de la mesa”, ha declarado el empresario, que ha dicho que su relación con Matas era “más que de amistad, de discrepancia” puesto que le conoció siendo ministro de Medio Ambiente y el empresario, presidente nacional del Colegio de Caminos.

“El proyecto importante de Matas, que fue el Plan Hidrológico nacional, era gravemente equivocado”, ha añadido antes de indicar que, cuando Matas era presidente del Govern balear no tuvo relación con él, “ni con ninguna institución de Baleares”.

Según ha dicho, entre los años 2003 y 2006, época en la que se produjo el concurso y la adjudicación del hospital, “para OHL, Baleares fue un verdadero vacío de adjudicaciones”.

En cuanto a que la oferta de OHL no fuera la que presentase un precio más bajo, ha negado que el aspecto económico sea el que “más pese” en las adjudicaciones de las administraciones porque “frecuentemente es mayor el peso de la técnica”. Los concursos públicos, ha indicado, los gana “la mejor oferta” y “el aspecto técnico pesa muchísimo, normalmente más que el económico”.

Villar Mir ha asegurado que nunca ha sido investigado por Hacienda y se ha mostrado “orgulloso” de que otra empresa de su grupo haya realizado “bastantes promociones inmobiliarias de alto nivel” en Mallorca.

Finalmente, el empresario ha mostrado su disposición a volver a acudir a la comisión si así lo considerasen “con el deseo de que se aclare la verdad y la ilegalidad de muchas actuaciones realizadas para esta adjudicación” que llevó a su empresa a impugnar el concurso.

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