El teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, Jesús Valls, acompañado por el Gerente de Urbanismo, Fernando González, ha informado hoy que la Comisión no Permanente de Seguimiento del Estadio Lluis Sitjar, ha ratificado por unanimidad de todos los miembros de los grupos políticos municipales de Cort que el avance el futuro Plan General, PGOU, contemple que los terrenos del Lluis Sitjar pasen a ser de titularidad pública calificándolos como espacio libre público y ampliando de este modo la actual superficie de la Falça Verda.
Jesús Valls explicó que las obras de demolición del Lluis Sitjar “se están cumpliendo en ritmo, plazo y precio establecidos”, destacando que actualmente ya se ha demolido la zona de la grada sol, a la que le seguirán la zona norte del estadio.
Valls añadió que Urbanismo confía en que durante el mes de abril ya finalicen las obras de demolición del estadio que se prevé que generen unos 6.000 metros cúbicos de escombros “que no serán suficientes para rellenar el hueco que dejará la demolición ya que se estima en 30.000 los metros cúbicos necesarios para allanar el desnivel existente entre la plaza de Barcelona y la Falca Verda”.
En relación con la posibilidad de proceder a realizar una permuta de los terrenos, el teniente de alcalde de Urbanismo adelantó que “ya hemos mantenido un contacto con Michael Blum que ha mostrado una predisposición positiva ya que en el RCD Mallorca entienden que la mejor solución es la demolición del estadio, por lo que se podría sondear la vía de que, mediante un sistema de gestión urbanística, ejecutar un cambio sobre la titularidad de valor por valor, en referencia a los terrenos del Lluis Sitjar por un lado y los de Son Moix por otro”.
No obstante, Valls recordó en este punto que además del RCD Mallorca que ostenta el 32,5% de la propiedad de los terrenos hay que considerar la postura de los 427 copropietarios que disponen de 666 títulos de propiedad.
Denegación de licencia del Casino Balear. El Gerente de Urbanismo, Fernando González, por su parte, ha explicado el acuerdo unánime de Gerencia de Urbanismo de denegar la licencia de instalación al Casino Teatro Balear.
En este punto, Fernando González recordó que “se ha denegado la licencia de instalación por aplicación de la normativa del vigente PGOU, donde la llamada Ordenanza de Usos del Centro Histórico es parte integrante de su regulación y que establece que no se puede instalar un casino con una superficie superior a los 300 metros, cuando el proyecto presentado presenta una superficie solo de acceso público de 1.400 metros cuadrados. Esta denegación de licencia se aprobó por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Gerencia”.
El gerente de Urbanismo añadió que “el peticionario también pretendía haber obtenido la licencia por aplicación de lo que interpretaba como silencio positivo. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo en el 2009 sobre la interpretación de este silencio, señala que no es posible adquirir por silencio una licencia en contra de la normativa urbanística. Este ha sido el motivo de desestimar la pretensión de licencia por silencio positivo”.
Además, indicó Fernando González, “ni en la denegación, ni en la tramitación de la resolución se ha vulnerado el ordenamiento ya que prevaricar hubiera sido realizar justamente lo contrario, es decir, ceder ante la interpretación sesgada de un negocio particular en contra de la normativa de aplicación vigente que protege el bien de los ciudadanos y la ordenación urbanística como bien de interés general”.
González concluyó apuntando que “en todo momento el peticionario ha tenido conocimiento de los informes técnicos que le señalaban el incumplimiento del proyecto que pretendía ejecutar”.
Valls, ratificó las declaraciones del gerente de Urbanismo al añadir que “la actitud contraria a la denegación hubiera constituido en sí una resolución injusta a sabiendas” resaltando que “en todo momento, la propiedad del casino conocía los informes técnicos que constaban el incumplimiento del proyecto”.
En relación con el informe favorable del Letrado de la Gerencia, el teniente de alcalde de Urbanismo explicó que “el letrado presenta un informe jurídico que contradice el criterio municipal mantenido durante 15 años sobre la aplicabilidad de la ordenanza. Esta ordenanza sólo se puede modificar o cancelar tras una por revisión del Plan General, resolución judicial y/o resolución del Consell Consultiu”.
Jesús Valls apuntó que “dado que el informe del letrado de urbanismo contradecía el criterio municipal mantenido durante 15 años, el gerente de Urbanismo solicitó aclaración sobre esta cuestión al Letrado municipal ya que por reglamento orgánico del Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Palma, se guarda relación para que todos los organismos de Cort puedan consultar sobre cualquier cuestión”
Valls, por último, concluyó indicando que “la postura del letrado es, además contraria al Departamento de Actividades, contraria al criterio del Secretario Municipal, contraria a la Secretaria Delegada del Consejo de Gerencia y contraria al Letrado Jefe de los Servicios Jurídicos de Cort, criterios que son concordantes con el resto de los letrados municipales”.
Gasolinera en el Coll del Rabassa.- Urbanismo ha aprobado inicialmente un estudio de detalle en relación con la ordenación de volúmenes para la instalación en una parcela privada de una gasolinera en el Coll den Rabassa.
