El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha dictado una providencia en la que cita como testigos el próximo 11 de marzo a Luis Bárcenas, a las 10 horas, a Sergio Bertrán, a las 11,30 h, y a Maria Umbert, a las 12,30 h.
Cita también como imputado el mismo día a las 16 h Antonio Pinal. Además, solicita al Govern que antes de esa fecha le certifique los contratos públicos adjudicados a Brues y Fernández y/o Bruesa desde 2003 a 2007 y a la Agencia Tributaria las operaciones con terceros de las citadas empresas y Antonio Pinal en las mismas fechas.
El pasado 13 de febrero, José Castro, abrió una nueva pieza en el marco del caso Palma Arena, la número 28, con el objetivo de investigar la financiación presuntamente ilegal del PP balear así como la compra y reforma de su sede, cuyos pagos habrían ido a cargo de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
Castro daba así respuesta a la documentación presentada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien entregó facturas relativas a la reforma del inmueble.
El juez tiene en cuenta las manifestaciones efectuadas al respecto por el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, en la que, a través de videoconferencia, afirmó que un empresario gallego, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, colaboró en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios.
Del mismo modo cuenta, Castro tiene en cuenta los interrogatorios efectuados al constructor Juan Serra, quien reconoció haber recibido dinero negro en la sede del PP, de cuya reforma se encargó -hasta 70.000 euros en metálico y sin factura a través del extesorero Fernando Areal-, así como al administrador de la empresa Over Marketing, Daniel Mercado, quien declaró a su vez haber pactado con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco.
Mercado manifestó incluso que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían.
De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. “Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones”, apuntó en su día el declarante.
Los hechos que rodean a Over, en cuyo beneficio habrían sido amañados diversos expedientes de contratación, están siendo precisamente investigados en el marco de la pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares. En este fleco están imputados tanto Matas y Areal, como el exdelegado del Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el expresidente del Parlament Pere Rotger.
FACTURAS FALSAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2007
Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a ‘precio coste’ la organización de la campaña de los ‘populares’.
Sobre ello, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro.
El propio administrador de Nimbus, Miquel Romero, reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.
TRABAJOS EN BENEFICIO DEL PP PAGADOS CON DINERO PÚBLICO
Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado. En el marco de este fleco -pieza 4- figura además el pago de tres facturas por servicios prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos.
Una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de ‘servicios de Atesa’. “Nota común a todas estas facturas es que fueron pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos”, incide Castro en uno de sus autos.
El instructor aludía asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la ‘fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay’, y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de ‘impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern’.
