Los sindicatos de la Función Pública exigen al Govern que no haga política con los recortes del PP

Los sindicatos STEI Intersindical, CCOO, USO, UGT y CSI·F, que representan la totalidad de los delegados de la Junta de Personal de Servicios Generales y el Comité Intercentros, han rechazado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales la intención del Govern de recortar sueldos de los empleados públicos de Servicios Generales, mediante la suspensión del acuerdo de carrera profesional horizontal que tiene que entrar en vigor en octubre de este año. Mediante un comunicado conjunto, los sindicatos de la Función Pública remarcan que “este recorte supone una discriminación respecto de otros colectivos de empleados públicos”.

Además, explican que “la Administración se ha presentado a la Mesa sin ninguna documentación, con la pretensión de cambiar un derecho acordado y presupuestado para el 2015 por una partida de medidas para recuperar derechos que los empleados públicos ya han recuperado en otras administraciones”.

En cambio, los sindicatos consideran que los derechos que la Administración suprimió a golpe de Decreto ley y Real decreto ley “no se tienen que volver a negociar ya que son simplemente derechos que la Administración tiene que devolver”. Todos los sindicatos han marcado la línea roja en cobrar las cuantías que la Ley de presupuestos prevé para partir de octubre de este año. “Estas cuantías están presupuestadas, y la parte social dispone de la documentación que lo acredita”, han añadido.

Los sindicatos recuerdan a la Administración la máxima “pacta sunt servanda ya que el Govern está obligado a cumplir con el acuerdo firmado”. Y, han añadido que “el acuerdo de carrera profesional hace siete años que está aparcado y en octubre de este año teníamos que empezar a percibir el 25% de las cuantías merecidas”. En este sentido, “hay que remarcar que los empleados de la CAIB, durante estos siete años hemos sufrido un incremento desmesurado de cargas de trabajo incrementando en 2,5 horas/semanales, situándonos a la cola de la tasa de reposición de todos los empleos públicos y hemos pasado a tener 48 empleados públicos por cada 1.000 habitantes”.

Mientras tanto, ha denunciado “hemos perdido poder adquisitivo a marchas forzadas, y se nos mantienen congeladas las partidas de incrementos retributivos, como por ejemplo la homologación de los complementos específicos”.

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