Simebal se opone a la ampliación de horarios de apertura de los centros de salud por la tarde

Los coordinadores de los centros aseguran que con los medios existentes no se puede garantizar la calidad asistencial

Actualmente los centros de salud permanecen abiertos hasta las 17.30 horas. El Govern pretende aumentar el horario hasta las 20.00 horas, de modo que cada profesional deberá realizar al menos una tarde a la semana.

El 80% de los coordinadores o directores de zona básica de salud se opone al aumento horario, esta disconformidad ha sido reconocida explícitamente por el Gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miguel Caldentey. Los máximos conocedores de la situación de los centros son los coordinadores y éstos, mayoritariamente se oponen.

Esta medida, adoptada en función de intereses espurios, no asistenciales, puede perjudicar la asistencia en lugar de mejorarla, por cuanto “se trata de vestir un santo desvistiendo a otro”, así, por las mañanas puede haber disfunciones y por la tarde déficits de asistencia, ya que sin aumentar sensiblemente las plantillas y dotar de más sustitutos, es decir, sin aumentar notablemente el presupuesto, la asistencia que puede prestarse es precaria, puesto que la cita previa se verá constantemente interrumpida para visitas de supuesta urgencia o urgencia real.

La asistencia de urgencia ya está debidamente garantizada en la actualidad, por lo que la ampliación horaria no comportará beneficio alguno a la población, aumentará el gasto de forma inútil contradictoriamente con la política de austeridad actual, perjudicará el derecho de los trabajadores a la conciliación de la vida laboral y familiar-personal, coste social al que debería ser sensible un Govern como el actual y finalmente interferirá en la función docente de los profesionales y residentes.

La ampliación horaria de los centros comportará un aumento del gasto, en unos momentos en que prima el ahorro, sin que ello mejore lo más mínimo la asistencia prestada al usuario, ni otra contrapartida, salvo un notable perjuicio para todos los empleados públicos de los centros, cuya oposición a la medida es masiva.

La medida se adopta por el Govern como imposición o “trágala”, no sólo prescindiendo de las opiniones de los afectados, sino a pesar de la oposición de todos los profesionales: coordinadores, médicos, enfermería, auxiliares y administrativos, sin demanda social real y prescindiendo de la negociación colectiva con los sindicatos. Y por último, no debe olvidarse que los profesionales sanitarios y coordinadores médicos están obligados por imperativo deontológico a velar por que se den los requisitos de calidad, suficiencia en la asistencia y a denunciar las deficiencias en dichos aspectos.

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