Prisión para otro de los policías de la trama investigada en Palma

El juez de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha dictado hoy prisión provisional sin fianza para uno de los policías locales de Palma detenidos el pasado domingo por presunta corrupción, al igual que hizo ayer con otros cinco, y ha dejado en libertad provisional con medidas cautelares a tres más.

De los cuatro policías investigados por una presunta trama de extorsión a locales de ocio que han pasado hoy a disposición judicial, el juez ha dictado prisión provisional sin fianza para Nicanor G.S. Los otros tres: Gumersindo C.O., Rafael A.H. y Rafel E., han quedado en libertad provisional, les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer periódicamente ante el juzgado.

Penalva ha dictado esta noche un auto de prisión después de tomar declaración desde las 10.30 hasta alrededor de las 21.00 horas a los cuatro agentes del grupo de nueve que fueron detenidos en una investigación por presunta corrupción en dicho cuerpo de seguridad.

En el auto de prisión dictado esta noche, el juez enumera los nueve delitos imputados a los cuatro policías que ha interrogado hoy, si bien no todos los delitos se imputan a cada uno de los agentes: negociaciones prohibidas, coaccione, asociación ilícita, organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, extorsión, amenazas y encubrimiento, ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

En el caso de Rafel E., se le imputa encubrimiento.

En cuanto a los cinco primeros policías que pasaron ayer a disposición judicial y que fueron enviados todos a prisión provisional sin fianza, los delitos eran quince: uso de información privilegiada, solicitud de favores sexuales, extorsión, amenazas, coacciones, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, agresión sexual, falsedad, negociaciones prohibidas, cohecho, contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

En el auto de prisión dictado anoche, el juez aseguró que cree que los agentes involucrados actúan “como una auténtica organización criminal”, extorsionando y coaccionando a empresarios de ocio, y protegidos “por mandos policiales y ciertos cargos políticos”.

El magistrado describe sus sospechas de que agentes de las unidades policiales Patrulla Verde y Grupo de Acción Preventiva (GAP) dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de zonas como la plaza Gomila, el Paseo Marítimo y la Playa de Palma, mientras extorsionaban, coaccionaban y amenazaban a otros.

Penalva calificó a a los agentes investigados como “auténticos maestros y paradigma del engaño, la manipulación, la mentira y la ocultación y alteración de pruebas”.

El magistrado cree que, mediante un “uso torticero y arbitrario del poder”, coaccionaron e intimidaron a empresarios de ocio en beneficio propio, para obtener dinero en efectivo -con pagos semanales de hasta 500 euros-, hacer distintos negocios y beneficiarse de prebendas como sexo en clubes de alterne, comida y alcohol gratis.

Los que no accedían a sus exigencias fueron “sometidos a una constante presión policial” injustificada, con numerosas inspecciones y apertura de actas sin motivo.

El juez apunta también la connivencia con empleados públicos del Ayuntamiento que habrían cobrado para retirar precintos policiales y conseguir licencias de actividades.

Sobre la investigación de la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía celebrada en mayo de 2012, de la que se habrían beneficiado tres agentes que ascendieron, el juez detalla que la finalidad de dicha filtración era “ascender en el escalafón policial a determinados agentes de policía corruptos”, para perpetuar la trama delictiva.

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