20D. El GOB exige gravar pisos vacíos y evitar la masificación en las playas

El GOB ha presentado sus propuestas de cara a las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, entre las que se encuentran; establecer un gravamen fiscal a los pisos que estén vacíos y regular la afluencia de personas y embarcaciones en las playas y calas más visitadas de las Islas.

También piden evitar la sobrecarga humana, controlar la retirada de posidonia y no permitir la creación de playas artificiales, ni regeneraciones artificiales fundamentadas en sistemas ambientalmente agresivos.

Asimismo, reclaman una moratoria en la construcción de puertos deportivos, derogar la Ley de Costas, mayor vigilancia en los vertidos de residuos urbanos e industriales y promover la elaboración de estudios de dinámica litoral individualizados.

En cuanto a infraestructuras, proponen paralizar las macroampliaciones de los aeropuertos, transferir las competencias de su gestión a la comunidad y a los Consells, modificar la Ley de Puertos o reorientar la demanda de amarres.

Por otro lado, recomiendan establecer una penalización fiscal para las segundas residencias y las adquiridas con propósitos especulativos o de explotación turística, aprobar leyes de cambio climático, de movilidad sostenible y para declarar libre de prospecciones de hidrocarburos el Mediterráneo.

El GOB también propone la ampliación del Parque Natural de Cabrera, declarar el parque nacional de las montañas submarinas de Baleares, crear reservas de interés pesquero en aguas exteriores de la comunidad competencia de la administración general, implantar una ley de bases de fiscalidad ecológica, dotar a la Justicia de más fiscales dedicados a temas ambientales y urbanísticos o realizar cursos de formación permanente dirigidos a los cuerpos policiales sobre delitos contra el urbanismo.

Finalmente y en materia de corrupción, los ecologistas proponen que los técnicos municipales sean funcionarios, que haya más controles administrativos, que los partidos políticos no tengan que esperar a la Justicia para adoptar medidas contundentes, que se establezca un régimen de incompatibilidades claro y que haya un mayor transparencia.

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