El juez Pedro Barceló interrogará este martes, a partir de las 10.00 horas, al exgerente del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) Eugenio Losada y a otros cuatro exmilitantes de Unió Mallorquina (UM), en calidad de testigos, en el marco de la causa que investiga un presunto desvío de 1,2 millones de euros del Ajuntament de Palma en atraer votantes a favor del partido, más conocida como caso Picnic.
En concreto, según consta en una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, se encuentran citados a declarar Petra Verdú, Ana María García, Margarita Fuster y Antònia Morro. El magistrado prosigue así con las indagaciones en torno a la contratación de agentes medioambientales afines al partido que, según las investigaciones, se dedicaban en realidad a buscar el voto a favor de la extinta formación regionalista.
De hecho, en el marco de estas pesquisas, el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, impuso una fianza civil de 1,6 millones de euros a UM, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, por dedicarse a hacer "proselitismo, propaganda y apología de su idea política" con la labor de estos empleados y utilizando, por tanto, fondos públicos para fines partidistas.
Sobre estos hechos han sido recientemente inquiridos numerosos testigos, como la exjefa del área de Ocupación del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof) -órgano a través del que se articularon las contrataciones-, y un jurídico del Ajuntament, que manifestó que la contratación de trabajadores medioambientales no fue legal puesto que sus nombres fueron "impuestos" por varios integrantes del partido sin que hubieran sido sometidos a ningún proceso previo de selección.
El testigo señaló que entre los miembros de UM que decidían a quiénes colocar se encontraban la exgerente del Imfof Catalina Payeras, y Eugenia Cañellas, quien fuera secretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal.
En su comparecencia, el jurídico, quien más en concreto desarrollaba su labor en el Imfof, aseveró que las normas legales respecto a las contrataciones exige que haya publicidad y concurrencia, para después llevar a cabo la selección en base a criterios de "igualdad, capacidad y mérito" lo que, según manifestó, no sucedió en este caso.
El testigo ha explicado que era Payeras quien firmaba los decretos de contratación, por lo que "era claramente conocedora de que no se habían respetado las bases". Es más, ha apuntado que la exgerente del Imfof "no solía hacer nunca nada que no estuviera aprobado" por Eugenia Cañellas, entre otros.
Asimismo, el asesor subrayó que "con el paso del tiempo" y a medida que fue viendo que Payeras y el resto del equipo de UM "iban tomando decisiones al margen de la legalidad", el jurídico comenzó a emitir informes negativos y reparos a sus iniciativas que "incluso dejaba en el registro general a los efectos de que hubiera constancia de los mismos".
