El exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, Diego Torres, ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Baleares en el que pone en conocimiento que la continuación del juicio por el caso Nóos, prevista para el 9 de febrero, coincide con el señalamiento de nuevas fechas en relación a otra vista oral en la que está personado en la Audiencia Nacional.
En su escrito, el abogado de Torres, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años y medio de cárcel por presuntamente apoderarse, junto a Urdangarin, de más de seis millones de euros de Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, señala que "todo enfila a pensar" que es prioritaria la celebración del juicio de Nóos, pero deja en manos del tribunal deliberar al respecto.
Así, solicita que, para el caso de que la Audiencia Provincial estime que las fechas de la vista de la Audiencia Nacional priman sobre el juicio que sienta a Urdangarin y Torres en el banquillo, se suspendan las sesiones coincidentes de éste -los días 16, 17, 23, 24, 25 y 26 de febrero- y éstas sean pospuestas.
El Ministerio Público sostiene que ambos exsocios urdieron "una maraña de facturación ficticia" para desviarse el dinero que obtuvieron de las Administraciones públicas y, para ello, utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
El juicio arrancó el pasado 11 de enero con hasta 18 acusados en el banquillo, entre quienes se encuentra la mujer de Urdangarin, la Infanta Cristina. El tribunal de la Sección Primera debe resolver en próximos días, antes de su reanudación, si aplica la doctrina Botín sobre la hermana del Rey Felipe VI y evita de este modo que sea juzgada por los dos delitos fiscales que le atribuye Manos Limpias.
Ello no ha impedido, sin embargo, que en la primera jornada del juicio Cristina de Borbón se sentase en el banquillo de los acusados.
Está previsto que la vista oral se prolongue hasta el 30 de junio, si bien podría verse drásticamente reducido en caso de que se produjera un pacto con los principales procesados de la causa antes del 9 de febrero, con la consecuente devolución de los fondos presuntamente defraudados.
El fiscal Pedro Horrach apunta asimismo a que tanto Urdangarin y Torres urdieron una red fiduciaria de la que presuntamente se sirvieron para desviar fondos al extranjero y evadir el dinero obtenido de las Administraciones públicas, ocultando de este modo a sus verdaderos beneficiarios y tributando menos que en España.
Se trata de una estructura en la que jugaron un papel fundamental las mercantiles Blossom Hills (en Belice) y De Goes For Stakeholder Management (Reino Unido).
