Ciudadanos ha propuesto al PSOE como condición para alcanzar un pacto de gobierno suprimir las diputaciones provinciales de régimen general, si bien es partidario de mantener las diputaciones forales del País Vasco y los consells de Baleares y cabildos insulares de Canarias.
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del partido de Albert Rivera después de que este dijera en rueda de prensa que, como condición "sine qua non" para cerrar un acuerdo de gobierno con el PSOE, C's plantea una reforma constitucional "exprés" con cinco puntos, uno de los cuales es la eliminación de las diputaciones provinciales.
En España cuentan con diputaciones todas las comunidades autónomas compuestas por más de una provincia, es decir, Galicia, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Además, el País Vasco tiene diputaciones forales en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, mientras que en Canarias hay cabildos en las siete islas, y en Baleares hay consejos o 'consells' en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
UN ESCOLLO EN LA NEGOCIACIÓN CON EL PSOE
La cuestión de las diputaciones es uno de los principales escollos en las negociaciones entre el PSOE y Ciudadanos. Desde la formación naranja arguyen que no parece razonable que se suba el IRPF a la clase media y trabajadora mientras no se acaba con las "duplicidades administrativas" y se mantienen las diputaciones provinciales.
Según el partido de Rivera, su eliminación generaría un ahorro de 5.000 millones de euros y no supondría un perjuicio para los ciudadanos, ya que los servicios que prestan las diputaciones provinciales los podrían asumir las mancomunidades.
Ya el viernes pasado, cuando Coalición Canaria cerró un acuerdo con el PSOE, la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, dijo que los socialistas le habían garantizado que el plan de C's para las diputaciones no afectaría a los cabildos canarios.
En cuanto a la propuesta de la formación naranja de fusionar servicios municipales, el PSOE aseguró a la nacionalista canaria que los ayuntamientos de menos de 4.000 habitantes estarán 'a salvo'.
