El Consell rescinde el contrato de las obras en el segundo cinturón

El Departamento de Territorio e Infraestructuras del Consell se ha visto obligado a rescindir el contrato de las obras del tramo I entre la autopista de Levante y la carretera de Manacor, por cuestiones técnicas.

Los motivos de la rescisión, que son técnicos y jurídicos, incluyen la inviabilidad de la construcción del puente número 3 porque afecta a un poliducto, donde hay gas, electricidad de alta y baja tensión y fibra óptica, entre otros servicios. Además, no había ninguna garantía de que un enlace previsto para desviar el tráfico funcionara, porque no se había hecho ninguna simulación de tráfico.

Además, tampoco se había previsto la dificultad que suponía construir un paso inferior en la autopista de Levante, porque no se había tenido en cuenta que se construía por debajo del nivel del mar. Sobre este paso inferior, también estaba previsto un puente que afectaba a un oleoducto que conecta CLH con el aeropuerto.

En enero de 2015, los técnicos del Consell redactaron el acta de replanteo en la que se indicaba la inviabilidad del proyecto. Desde ese momento, se pusieron a analizar la posibilidad de modificar el proyecto. Sin embargo, se debería llevar a cabo un elevado número de modificaciones, que incrementaría mucho el costo. Por este motivo, surge la necesidad de rescindir el contrato.

“Nos hemos encontrado un proyecto constructivo con graves deficiencias técnicas. Rescindir el contrato ha sido la única solución posible que le ha quedado a la institución. Anteriormente, se ha trabajado mucho para poder encontrar otro camino que no pasara por la rescisión”, ha explicado la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido.

El secretario técnico del departamento, Jaume Colom, ha destacado los siguientes pasos a seguir. A partir de ahora, se llevará el decreto de rescisión en la próxima Comisión Informativa. Después, la empresa recibirá la notificación oficial y tendrá 10 días para presentar las alegaciones que considere oportunas. Según la Ley de contratos de las administraciones públicas, se deberá indemnizar a la empresa contratista con un 3 por ciento de lo que no se ha ejecutado.

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