jueves. 28.03.2024

Los ecologistas del GOB ya se han pronunciado sobre las medidas que incluye el anteproyecto de la Ley turística. Y lo han hecho para pedir más. Los esfuerzos del Govern para controlar el alquiler de las viviendas es "insuficiente", ha apuntado a este respecto.

Asimismo, respecto a la propia Ley, la entidad ha advertido que "esta norma no será de aplicación directa", sino que "deriva la responsabilidad de limitar la actividad a los Consells Insulars y Ayuntamientos, e incluso a las comunidades de propietarios".

Esto "hará que la regulación se dilate en el tiempo sin poner orden a la realidad que ya nos ha desbordado", ha protestado el GOB, que ha añadido que una moratoria para nuevas licencias de viviendas turísticas "ya llega tarde" pero permitiría "poner en pausa el alud de nuevas viviendas destinadas a alquiler turístico".

Por eso, entre otras medidas urgentes ha solicitado una moratoria "inmediata" de la comercialización de casas y pisos turísticos.

PALMA, ENTRE LAS 20 PRIMERAS CIUDADES CON MÁS VIVIENDAS DE ALQUILER TURÍSTICO

Y es que, el GOB ha lamentado que "Palma está dentro de las 20 primeras ciudades del mundo en cuanto a densidad de viviendas turísticas, con 90% de la oferta no reglada". Las consecuencias de lo cual "ya son evidentes", según el GOB.

Tanto es así que, los ecologistas hablan de un "incremento de la capacidad de alojamiento en una Mallorca que desde el punto de vista de territorio, infraestructuras y recursos ya sufre las consecuencias de la masificación turística"; mezcla de usos turísticos en espacios urbanos que por normativa urbanística son residenciales, con las problemáticas de convivencia y las transformaciones de los barrios"; o "terciarización del suelo rústico, destinado cada vez más al alquiler turístico de viviendas unifamiliares situadas en campo, con la consecuente urbanización del campo".

Situaciones que provocan "una nueva oleada especulativa vinculada al alquiler turístico de viviendas con la consecuente disminución disponibilidad de viviendas que se destinan a alquileres de larga duración", además de un aumento de precios.

Un hecho que, según el GOB, atrae la "inversión extranjera que desplaza la población local para destinar pisos y fincas enteras a alquiler turístico", "gentrificación", y "presión inmobiliaria que desaloja los residentes".

El GOB ve "insuficientes" las medidas de la Ley turística para controlar el alquiler