Más de 800 adjudicatarios del Ibavi deben más de tres recibos

marc pons ibavi

Una reivindicación histórica de los que tienen menos recursos parece que puede llegar a buen puerto, ya que puede que los alquileres se lleguen ajustar a los ingresos reales que tiene una familia en situación de precariedad.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha defendido adaptar el precio de los alquileres del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) a la capacidad económica de los inquilinos, como medida para luchar contra la morosidad.

Pons ha comparecido por voluntad propia para exponer las medidas que el Govern baraja para afrontar el problema de morosidad en el Ibavi, en el que más de 800 adjudicatarios (un 53%) se encuentran en situación de morosidad.

De hecho, el Ibavi tiene 13.300 recibos pendientes de pago y la deuda acumulada supera los tres millones de euros. Y hasta 231 adjudicatarios (cerca de un 17% del total del parque) tienen más de 20 recibos pendientes, según ha explicado el conseller.

Así ha informado Pons durante una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Parlament, donde ha explicado que la Conselleria trabaja en líneas estratégicas, por las que se propondrían ésta y otras medidas, a los adjudicatarios que deban hasta tres meses de alquiler.

A partir de cuatro meses adeudados, se instaría al arrendatario a liquidar la deuda o concertar en un plazo de diez días una cita con su trabajador social para atender el caso de forma individualizada.

Medidas contra la morosidad

Como medidas para solucionar el problema de la morosidad, Pons ha propuesto crear una figura de carencia (la renta en periodo de carencia no generaría intereses), la adecuación del alquiler a la capacidad económica de los inquilinos (en base a los ingresos de la unidad de convivencia y el número de miembros), acuerdos de pago y fraccionamiento de la deuda o plantear un cambio de vivienda.

Así, la Conselleria baraja enviar a los adjudicatarios que deban hasta tres recibos una carta de requerimiento de liquidación de la deuda y proponerles las medidas anteriormente expuestas, advirtiendo de que de lo contrario podrá derivar en la no renovación del contrato.

A los que deban más de cuatro recibos, se les instará a liquidar la deuda o concertar una cita con su trabajador social en un plazo de diez días para atender de forma individualizada su situación.

Si no funcionase la mediación social, y se demostrara que el inquilino tiene ingresos suficientes para afrontar el alquiler pero no voluntad de pagar, “de manera excepcional” se podría decidir “la recuperación de la vivienda con una valoración previa de servicios sociales”.

Por otro lado, Pons ha destacado la necesidad de atajar situaciones de ilegalidad como ‘okupación’, inquilinos que no han devuelto las llaves y hacen negocio con estas viviendas o casos en los que ‘de manera reiterada incumplen las normas de convivencia o tienen una actitud agresiva hacia los trabajadores del Ibavi’.

Finalmente, el conseller también ha defendido crear una comisión que valore casos de emergencia.

Otro de los objetivos del Govern es fijar unos criterios ‘objetivos y transparentes’ que definan la accesibilidad a la vivienda pública.

Pons ha avanzado que buscará el ‘máximo consenso’ para desarrollar todas estas líneas estratégicas si bien reconoce que ‘difícilmente habrá unanimidad’.

Además, ha reconocido que es un tema ‘difícil y sensible’ por lo que ha pedido ‘no caer en demagogia’.

Respuestas de los grupos

Tras la exposición del conseller, el PP le ha pedido que para adecuar el precio del alquiler según los ingresos no olvide ‘que hay ingresos que no afloran’.

Por su parte, Podemos, ve ‘correctas a priori’ las medidas, aunque matizando aspectos como el de la carencia y los desahucios, y el PI se ha interesado por el número de demandas presentadas, esta legislatura, por el Govern, por impagos y se ha preocupado por los criterios para adecuar el precio del alquiler puesto que ‘es dinero público’.

Paralelamente, MÉS se ha interesado por los pisos del Sareb y ha defendido colaborar con los ayuntamientos en esta materia, y el PSIB se ha interesado por la ampliación del parque de viviendas en Balears.

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