La Fiscalía Anticorrupción pedirá el ingreso en prisión de manera inmediata para Diego Torres e Iñaki Urdangarin en la vista de medidas cautelares cuya celebración ha solicitado este viernes tras conocer la sentencia del caso Nóos, que les condena -a seis años y tres meses y a ocho años y seis meses de cárcel, respectivamente- por su responsabilidad en el desvío de cantidades millonarias procedentes de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
La petición del Ministerio Público coincidirá así con el criterio mostrado en recientes casos de corrupción en los que no se ha esperado para pedir prisión en el caso de condenas que han superado los seis años de cárcel pese a no existir condena firme por el Tribunal Supremo.
Además de la prisión, la legislación prevé otro tipo de medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de las penas mientras se espera al dictamen del Tribunal Supremo, como es la entrega de pasaporte o la obligación de realizar comparecencias periódicas ante las autoridades judiciales.
A lo largo de todo este viernes y tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Palma, la Fiscalía ha estado estudiando todas las posibles medidas que puede proponer en la vistilla que se celebrará en los próximos días para determinar si Urdangarin y su socio ingresan en prisión de forma inmediata o bien eluden la prisión mediante una fianza, entrega de pasaporte o comparecencias periódicas.
En este estudio previo a la decisión que se conocerá en los próximos días se han estudiado sentencias de otros casos por delitos similares donde el tribunal sentenciador ha rechazado ingresos en prisión pese a existir penas muy superiores a las del exduque y Torres.
Prisiones recientes
Este fue el caso de los tres cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' que fueron condenados a penas que oscilan entre los 12 y 13 años cárcel por Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por la pieza relativa a los contratos amañados en la feria de Turismo Fitur. Tras conocer la sentencia Anticorrupción solicitó el inmediato ingreso en prisión para los tres por el elevado riesgo de fuga, ante la gravedad de las penas fijadas y ante las piezas pendientes de Gürtel que se hallan en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, otra de las condenadas en esta pieza la exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión, puede eludir su entrada en prisión --a pesar de que la Fiscalía pidiese su ingreso_, hasta que el Tribunal Supremo haga firme la sentencia, con el pago de una fianza de 15.000 euros. Asimismo, el TSJCV le retiró el pasaporte y ordenó comparecencias dos veces al mes.
En cuanto a penas inferiores, se da la circunstancia de que cinco exdirectivos de Novacaixagalicia entraron el pasado mes de enero en prisión para cumplir la condena impuesta por la Audiencia Nacional por dos años por concederse a sí mismo mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en el año 2010 el pago de indemnizaciones por prejubilación y otros concepto por importe de 22 millones de euros.
El Tribunal Supremo confirmó inicialmente las penas de estas cinco personas, aunque las consideró "exiguas", y ordenó recalcular la responsabilidad civil. La resolución posterior de la Audiencia aún está pendiente de ser confirmada por el alto tribunal.
El fiscal del caso Nóos Pedro Horrach ya manifestó minutos antes de conocerse el fallo en la misma sede de la Audiencia estaba "valorando la posibilidad" de pedir el ingreso en prisión" de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para evitar el riesgo de fuga, si bien ya tenía claro a esa hora que era necesario que la vistilla se celebrase para estudiar la aplicación de medidas cautelares en previsión de unos casi seguros recursos ante el Tribunal Supremo.
"La gravedad de las penas ya implica un cierto riesgo, con lo que se deben adoptar la medidas necesarias para minimizar este riesgo", agregó, adelantando que a partir del lunes el tribunal que fijará un día y una hora para la vista.
Entre 322.324 y 454.868 euros
La Justicia tendrá que devolver a la infanta Cristina entre 322.324 y 454.868 euros por la diferencia entre el dinero que ella consignó en el juzgado antes del juicio y la cantidad que tendrá que satisfacer como corresponsable a título lucrativo de los actos de su esposo, Iñaki Urdangarin.
El 15 de diciembre 2014, más de un año antes del comienzo del juicio, la defensa de la infanta depositó en el juzgado 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil con la finalidad de que fuera "entregado a los eventuales perjudicados por los hechos".
Esa era la cantidad que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, que aunque no acusaba a la infanta, pedía que respondiera como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin.
La Abogacía del Estado solicitaba para ella 168.571 euros de responsabilidad civil en el caso Nóos, como partícipe a título lucrativo por haber disfrutado de los bienes con los que presuntamente se lucró Urdangarin al cometer fraude a Hacienda en el IRPF de dos ejercicios.
Finalmente, el tribunal ha determinado que Cristina de Borbón pague "conjunta y solidariamente" junto a Urdangarin 265.088,42 euros en calidad de corresponsable civil a título lucrativo.
Es decir, 132.544,21 euros cada uno, con lo que, si se resta esa cantidad a lo ya consignado, la Justicia debería devolver a la infanta 454.868 euros. Pero si ella tuviera que pagar toda la cuantía por un hipotético impago de su marido, la devolución sería de 322.324 euros
