El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha afirmado este martes que la sanción al servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Palma, Servisar Servicios Sociales, "demuestra que la Inspección de Trabajo actúa en todos los ámbitos", incluido el público.
Las declaraciones responden a informaciones de UGT Baleares, que denuncia la sanción de Inspección de Trabajo a la adjudicataria del servicio de Cort, recalcando que "difícilmente" podrá solventar sus infracciones al negarse a cumplir el pliego de condiciones de la contrata.
La Inspección ha resuelto, después de la denuncia sindical, que Servisar vulnera el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, por no entregar la copia básica de los contratos a la representación sindical en el plazo de diez días.
Además, el conseller ha aclarado que las cláusulas sociales para la contratación pública no afectan a licitaciones que ya estaban en vigor en el momento en el que el Govern aprobó dichas cláusulas.
Estudio de impacto
Paralelamente, Negueruela ha avanzado que, en las próximas semanas, la Conselleria presentará un estudio sobre el impacto de los convenios colectivos de empresa en el sector de la limpieza.
Según ha dicho, este estudio analiza el sector de la limpieza en su totalidad y propone "medidas que se tienen que llevar a cabo".
Por su parte, la Regidoria de Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma, ha aseverado que garantiza "el buen funcionamiento" del Servicio de Ayuda a Domicilio y ha recalcado que con esta iniciativa se atienden 1.073 usuarios en sus necesidades personales y sociales "más urgentes".
Dicen que “siempre han mediado entre la empresa y sus trabajadores, cuando ha sido informado de sus divergencias".
Administración
En relación a la información relativa a la falta de un auxiliar administrativo, aseguran que se dio por bueno el sistema, implementado por la adjudicataria, de una auxiliar en puerta y otra auxiliar en los servicios centrales, desarrollando tareas de gestión de documentación, control de facturación y demandas de materiales y otros.
El Ayuntamiento reitera que en "ningún momento" el problema administrativo ha afectado al servicio, que se continúa prestando con total normalidad, con garantías y sin incidencias.
Según señalan, la sentencia mencionada por UGT "se circunscribe a conflictos laborales internos de la empresa con sus trabajadores, en ningún caso hace mención de las responsabilidades municipales".
Así, explican que el Área de Bienestar y Derechos Sociales se enteró la semana pasada de la baja del auxiliar administrativo y, desde un primer momento, instó la empresa que normalizase inmediatamente esta situación.
También se le recordaron sus obligaciones con el servicio y que nada puede afectar negativamente su buen funcionamiento y la calidad de las prestaciones que reciben sus usuarios.
El Área de Bienestar de Cort dedica un presupuesto de cinco millones de euros, con 450.000 euros anuales a un servicio que cuenta, además del equipo directivo y administrativo, con 14 trabajadores sociales y cerca de 170 trabajadores familiares.
